Amistad que salió cara: estafó a su amiga con créditos y ahora deberá pagar $10 millones

Una mujer fue condenada en Mercedes, Corrientes, a tres años de prisión en suspenso por estafar a una amiga. La maniobra incluyó créditos virtuales y transferencias por más de $3 millones. Además, deberá pagar una reparación económica de $10 millones.

La jueza de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia. La resolución Nº 69/26 corresponde al Legajo Judicial 8347/23. Los fundamentos se firmaron el 22 de junio de 2026, tras la audiencia del 16 de junio en la Oficina Judicial de Mercedes, Tercera Circunscripción Judicial.

¿Cómo fue la estafa?

Según la investigación, la acusada entabló una relación de amistad con la víctima alrededor de abril de 2023. Bajo la excusa de asociarla a una empresa de medicina prepaga, logró acceder a información personal y gestionar productos bancarios a nombre de la damnificada.

De esta manera, obtuvo un crédito virtual de $1.148.500 y realizó transferencias. En julio de 2023, continuó con operaciones por $820.000 y $1.344.000, más un adelanto de aguinaldo de $90.000. Todo esto generó un grave perjuicio económico para la víctima.

El vínculo entre ambas se originó en un centro de estética de Mercedes. La damnificada contó que, bajo el pretexto de gestionar la afiliación a una prepaga, la acusada le pidió fotos de su celular, recibos de sueldo y una copia de su DNI. Esos documentos fueron utilizados para realizar las operaciones fraudulentas.

¿Qué pruebas se consideraron?

La magistrada remarcó que una condena por juicio abreviado no puede basarse solo en la aceptación de los hechos. Debe existir respaldo probatorio. En este caso, se valoraron la denuncia, capturas de pantalla, comunicaciones con entidades financieras, informes bancarios y movimientos de cuentas.

La documentación permitió confirmar las operaciones realizadas a nombre de la víctima. También se corroboró la existencia de productos financieros utilizados sin autorización y el aumento progresivo de la deuda.

“Las probanzas incorporadas a la investigación me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada”, sostuvo Benasayag al fundamentar su decisión.

¿Por qué se la consideró autora de estafa?

La jueza analizó el encuadre legal propuesto por la Fiscalía y aceptado por la defensa. Concluyó que los hechos configuran el delito de estafa en carácter de autora material.

“La calificación legal escogida por la Fiscalía y aceptada por la defensa resulta aplicable a los hechos imputados, resultando la subsunción jurídica adecuada y conforme a derecho”, afirmó la magistrada.

Además, no surgieron causales de inimputabilidad, justificación o inculpabilidad. Por eso, declaró su responsabilidad penal.

¿Qué penas y reglas deberá cumplir?

La condenada deberá cumplir tres años de prisión en suspenso. Durante ese tiempo, tendrá que fijar residencia y número de contacto, mantener una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de la víctima y abstenerse de contactarla. También deberá no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo excesivo de alcohol en lugares públicos y de estupefacientes, y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial.

La pena se consideró adecuada dentro de la escala penal. La jueza señaló que se aplicaron las reglas de la sana crítica y se evaluaron atenuantes y agravantes, sin que el análisis resultara “arbitrario o ajeno a las constancias de la causa”.

¿Cómo será el pago de la reparación?

La condenada deberá abonar $10 millones en concepto de reparación de daños y perjuicios. El pago se realizará con una primera cuota de $1 millón dentro de los cinco días hábiles posteriores a la apertura de una cuenta judicial. El saldo restante se pagará en 18 cuotas iguales y consecutivas de $500.000.

“El monto acordado resulta prudencial teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso”, sostuvo la jueza. Consideró que es una compensación adecuada por el daño material y moral sufrido por la víctima.

Una vez firme la sentencia, el legajo se remitirá a la Oficina Judicial para la formación del Legajo de Ejecución. La resolución se comunicará a la Jefatura de Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a otros organismos estatales.