Analfabetos y armados: la insólita condena que un juez les impuso a dos hombres en Corrientes

Dos hombres de Monte Caseros, Corrientes, fueron condenados por resistirse a la policía con un arma de fuego. Pero la parte más llamativa de la sentencia es que, al ser analfabetos, deberán ir a la escuela para aprender a leer y escribir.

Brian Ezequiel Garate y Elías Ignacio Miño protagonizaron un hecho ocurrido el 2 de marzo en el barrio Las Termas, cerca del mediodía. Según la investigación, ambos atacaron a los efectivos policiales Rubén Ponzoni, Jonathan Vich y Samuel Molina, quienes resultaron damnificados.

El Juez Alfredo Emanuel Aguirre, a cargo del juzgado local, resolvió la situación en una audiencia reciente. Allí, el defensor oficial subrogante, Dr. Bruno Monzón, participó de manera remota y solicitó la suspensión del juicio a prueba, algo que fue avalado por la fiscalía, representada por el Fiscal Ricardo López Ruiz.

¿Qué delito cometieron?

Los imputados fueron acusados de "Resistencia y Atentado a la Autoridad Agravado por el uso de Arma", en calidad de autores materiales. Es decir, no solo desobedecieron a la autoridad, sino que además usaron un arma de fuego en el hecho.

El magistrado se avino al pedido de probation y les impuso una serie de reglas de conducta por el término de un año. Entre ellas, deberán realizar trabajos comunitarios seis horas mensuales en la iglesia evangélica Ríos de Agua Viva, del Pastor Luis Francisco López.

Además, en concepto de donación, cada uno tendrá que abonar la suma de $60.000 en tres cuotas consecutivas e iguales, también a la misma institución eclesiástica. El dinero deberá ser entregado en un plazo de tres meses.

La particular condición de los condenados

Lo que llamó la atención de todos fue que, al detectarse que ambos son analfabetos, el juez les impuso la obligatoriedad de asistir a un establecimiento educativo para que aprendan a leer y escribir. Una medida que busca su reinserción social y que, sin dudas, marca un precedente.

Tras la resolución, se dispuso la inmediata libertad de los procesados, pero con condiciones: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, no beber bebidas alcohólicas en la vía pública y presentar los certificados de asistencia a la escuela cuando se los requieran.