Andis: la prótesis que figuraba entregada en Río Negro y el mensaje que lo cambió todo

La causa que investiga los presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en los últimos días un cúmulo de pruebas determinantes. Los informes técnicos de la nueva conducción del organismo y un extenso peritaje sobre los teléfonos de los acusados expusieron un esquema sistemático de irregularidades durante la gestión del exinterventor Diego Spagnuolo.

El material, impulsado por el Ministerio de Salud y el actual interventor Alejandro Vilches, describe desvíos que superan el 1900% frente a los valores de mercado y la validación de compras fraudulentas. Entre los casos más resonantes aparece uno en Río Negro: la supuesta entrega de una prótesis que nunca llegó a manos del beneficiario.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 19 personas por asociación ilícita, cohecho y otros delitos. Los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico dieron por probada la existencia de una red clandestina ajena a los circuitos administrativos formales. A través de mensajes de texto y audios, la Justicia reconstruyó el posible método con el cual funcionarios, empresarios y lobistas coordinaban la manipulación de licitaciones, el retraso deliberado de pagos a proveedores externos y el reparto de sobornos en efectivo.

Qué dijo Salud sobre una prótesis fantasma en Río Negro

Según información de La Nación replicada por Noticias Argentinas, los informes presentados a la Justicia —firmados en octubre de 2025 y en abril de este año— expusieron un caso calificado como «situación de gravedad» ocurrido en Río Negro. Se trata de un paciente que requería una prótesis por una amputación y que en los registros oficiales figuraba con un documento de constancia de entrega. El informe oficial demostró la falsedad de ese certificado.

«Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien», detalla uno de los reportes en manos de la Justicia.

El interventor Vilches explicó que la auditoría buscó detectar hechos relevantes y posibles apartamientos a las normas. Los hallazgos nutrieron un dictamen previo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también detectó diferencias de precios en licitaciones internas. Con esos elementos, el fiscal federal Franco Picardi enfocó su acusación en un sistema de compras acotado, con escasos oferentes y distinto al mecanismo de compulsas que recomiendan las normas de transparencia.

Las abismales diferencias de precios y las facturas duplicadas

En julio de 2025, la Andis desembolsó $425 millones a favor de Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El informe contrastó la operación con una adjudicación del PAMI, que en marzo de ese año compró el mismo producto a Siprotec SA por un valor unitario de $124.200.000. La misma empresa registró un desvío del 711% en la compra de una válvula pulmonar autoexpandible, aunque sus representantes negaron ante los jueces el pago de retornos y responsabilizaron a un tercer accionista.

En neuroestimuladores, Neurosalud cobró $132,4 millones en junio de 2025, una brecha del 219% frente a los $41,5 millones que pagó el PAMI un mes antes por un equipo similar.

En implantes cocleares, el precio promedio por unidad abonado a Droguería Floresta fue de US$ 62.613, mientras que una compra por volumen en otra área fijó el valor unitario en US$ 12.125 y la referencia de mercado rondaba los US$ 16.975. El incremento llegó al 269%. El análisis contable también detectó que la exAndis pagó dos veces la misma factura (B 00001-00000958) a la proveedora Indecomm, por $28,7 millones en cada oportunidad durante noviembre.

El informe técnico de abril consignó «errores de categorización técnica»: facturaciones de unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones cuando por la patología correspondían unidades D01 con «Tilt», de entre $1,3 y $2,3 millones. Los técnicos cuestionaron además la insistencia en comprar módulos importados con sobreprecios de entre el 300% y el 1000%, una preferencia sin sustento clínico ni financiero, ya que el equipamiento nacional ofrece mayor durabilidad, mejor ajuste anatómico y menor precio.

El sobreprecio más alarmante recayó en un andador de Ortopedia Bernat, con un desvío del 4239%. La empresa argumentó que el presupuesto contempló un equipo más sofisticado, pero se entregó uno más sencillo; aun así, el circuito de la Andis facturó el valor original más caro.

«Todo lo que tenga papá»: el rol de los lobistas

La confirmación de los procesamientos se sustentó en los chats extraídos de los teléfonos de los implicados. Uno de los mensajes clave, según constató Infobae, lo envió Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo e hija del lobista Miguel Calvete.

El 23 de diciembre de 2023, la acusada pidió a una interlocutora «un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud», con interés en droguerías, prótesis y sillas de ruedas. Advirtió sobre «un interesado grande» y avisó que, de no obtener la lista, recurriría a «Lore» (Lorena Di Giorno) y a «Pino» (Eduardo González).

Para los magistrados, Miguel Ángel Calvete fue el principal articulador del esquema privado: conocía de antemano el armado de las compulsas, los productos a comprar y el momento de liberación de los pagos. Con esa información confeccionaba planillas con porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, presuntamente vinculados a comisiones ilegales.

Otro implicado clave fue Pablo Atchabahian, quien instruía a los funcionarios internos sobre a quién beneficiar y a quién perjudicar. «Por favor, invitá a 20 de Junio. Gracias. Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal», escribió el 13 de noviembre de 2024, un texto que demostró su poder de decisión pese a no ocupar un cargo formal.

En el plano operativo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y el exdirector de Prestaciones Médicas, Diego D’Giano, manipulaban el sistema. El 18 de julio de 2025, Garbellini escribió: «Con esta droguería no se va a trabajar más». D’Giano contestó que había pedidos para demorar firmas de proveedores que no eran «de las nuestras».

El fallo transcribe instrucciones como «No lo autoricen. Objetá todo, pedí documentación» o «Todo observado. No va». En junio, Garbellini exigió erradicar a una competidora: «Fijate de sacar todo lo que sea de Medifarma y avisale a Pato cuando lo sacás para que lo movilice. Bueno, después todo lo demás bien, Génesis y lo de siempre». También facilitó credenciales genéricas a la procesada Luciana Ferrari: «Hay compulsa esta semana, te doy un regalo, el usuario es (…) y la clave (…)».

Roger Grant, encargado del Sistema Integrado de Información (SIIPFIS), acataba órdenes para dar de alta proveedores («Vicmor alta prestador») o desestimar compulsas de procesadores cocleares para relanzarlas al día siguiente. Un audio suyo demostró el conocimiento de la irregularidad: «Lo adjudico mañana para no adjudicar hoy mismo que cerró, así también demostramos como que hay algo de análisis».

Respecto al titular de la Andis, Diego Spagnuolo, la Cámara valoró chats que aluden al pago de $5 millones y a la compra de muebles mediante Indecomm. Patricia Canavesio consultó a Calvete: «Me dijo ok a la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por qué, si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo particular o preferís llamarlo?». Calvete ordenó el traslado del dinero con colaboradores de confianza: «Hablás con Play [Julio Viera], mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale al Fercho y lo pone en algún lugar disimulado».

El cruce de favores quedó evidenciado entre Calvete y Lorena Di Giorno. El 3 de septiembre de 2025, el empresario exigió información interna: «Pasame los valores de amput y sillas. Si podés por llamada mejor. ¿Están reunidos?». Di Giorno respondió que no quería «bajar nada de papeles» y propuso un encuentro. Tras esa reunión, Calvete le escribió: «Me olvidé de darte la guita. Mañana te la doy». Poco después, la funcionaria terminó la gestión de una adjudicación a favor de Droguería Floresta, vinculada a la red investigada.

Con ese cúmulo de pruebas, los jueces Boico y Farah ratificaron los procesamientos. El tribunal excluyó de forma temporal los audios filtrados a la prensa donde Spagnuolo mencionaría supuestos retornos del «3%» e involucraría a Karina Milei y a «Lule» Menem, a la espera de los peritajes tecnológicos sobre su autenticidad.