Andrada marcó la cancha en el Senado: acompañó el tratado de patentes pero con una objeción clave

El bloque Convicción Federal volvió a mostrarse como una usina de consensos dentro del Senado de la Nación, aunque sin resignar su rol crítico. Este jueves, en una jornada cargada de plenarios de comisiones, los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) definieron su postura sobre dos temas de peso: la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley de Salud Mental.

La primera batalla se dio en el plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, donde se trató el PCT. Allí, Andrada no dudó en respaldar la iniciativa: "favorece en gran medida a la Argentina", aseguró.

Con esa premisa, el bloque decidió acompañar el dictamen impulsado por el oficialismo, aunque con una salvedad que dejó sentada su posición: presentaron disidencias parciales sobre el Capítulo 2 del proyecto.

Por qué apoyan el tratado

Desde Convicción Federal argumentaron que la adhesión al PCT abre una puerta para fortalecer la innovación, facilitar la protección internacional de los desarrollos argentinos y ampliar las oportunidades de investigadores, universidades, emprendedores y empresas nacionales.

Pero también marcaron un límite: subrayaron la necesidad de preservar las facultades del Estado argentino en materia de propiedad intelectual y de contemplar las particularidades de los sectores productivos del país.

Salud Mental: un dictamen de minoría con propuestas

Más tarde, en el plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, el bloque cambió de rol y pasó a la ofensiva. En el debate por la reforma de la Ley de Salud Mental, Convicción Federal presentó un dictamen de minoría con el objetivo de aportar una mirada innovadora que fortalezca la iniciativa oficial y, al mismo tiempo, garantice mejor atención y mayor tutela estatal.

Los senadores reconocieron que la legislación actual significó un avance en el reconocimiento de derechos, pero advirtieron que su implementación arrastra dificultades concretas: acceso a tratamientos, disponibilidad de profesionales, atención de situaciones de riesgo y articulación con las provincias.

"Podemos tener la mejor voluntad en reformar esta ley, pero la norma actual no requiere cambios porque sus principios estén errados. El problema es que su implementación y eficacia no se pueden materializar plenamente porque no hay los recursos adecuados", reflexionó Andrada.

El senador catamarqueño puso un ejemplo elocuente: la psiquiatría es una especialidad con una distribución geográfica muy desigual en el país, y muchas poblaciones no cuentan con acceso a un psiquiatra.

"Si vamos a buscar los consensos para mejorar esta ley, porque la voluntad de brindar mayor acceso a derechos la tenemos todos, debemos empezar por analizar cómo van a ser los recursos, cuántos van a ser los recursos, cómo se van a ejecutar. Porque si no estamos escribiendo sobre algo que no se podrá realizar", advirtió.

Consenso antes que confrontación

La propuesta alternativa del bloque busca aportar herramientas para mejorar la atención, fortalecer las garantías de los pacientes y contemplar las distintas realidades sanitarias del país, con la meta de que la reforma alcance el mayor consenso parlamentario posible.

"Creemos que el Congreso debe ser un ámbito de construcción y no de confrontación permanente. Acompañar lo que está bien y proponer mejoras cuando son necesarias es también una manera de ayudar para encontrar soluciones para los argentinos", cerraron desde Convicción Federal.