Anestesiaron a las mascotas, las abrieron y las devolvieron sin operar: la grave denuncia en Comodoro

Más de seis casos de animales que entraron a quirófano para ser castrados y volvieron a sus casas con la cirugía inconclusa desataron una denuncia formal por mala praxis contra el servicio veterinario municipal de Comodoro Rivadavia. El escándalo no es un hecho aislado: se suma a una serie de episodios que ya habían encendido las alarmas entre proteccionistas y vecinos.

Según trascendió, los animales fueron anestesiados e incididos, pero al encontrar preñeces o patologías uterinas graves los profesionales optaron por cerrar la herida y entregarlos sin completar el procedimiento. La práctica, que para los especialistas constituye una emergencia médica, quedó en el centro de la controversia.

Un historial de cruces con el área municipal

El antecedente más resonante ocurrió el 18 de abril, cuando el equipo de Veterinaria —incluida su directora, Josefina Ferreyra— se negó a vacunar y desparasitar a los gatos ferales operados en Palazzo, la colonia que había quedado sola tras la muerte del referente animalista Félix Assi.

Los felinos terminaron inmunizados por un veterinario externo, y el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, anticipó un informe al intendente con medidas administrativas contra el equipo.

Un mes después, la quinta jornada extraordinaria de castración masiva sumó 35 cirugías en una colonia Balearon a un vecino del barrio San Martín: las dos camionetas que busca la Policía">del barrio San Martín, y los profesionales volvieron a retirarse sin aplicar la vacuna antirrábica.

Ese mismo sábado, a las 15, la tensión estalló dentro de la Dirección General de Veterinaria: un acta firmada por el propio Gómez dejó constancia de que los proteccionistas se plantaron ante los directores para exigir explicaciones. Los gatos capturados con jaulas trampa terminaron devueltos al mismo predio sin la vacuna antirrábica y sin desparasitación.

El argumento del cuerpo veterinario fue que el estrés quirúrgico impide generar los anticuerpos necesarios y que solo corresponde vacunar a ejemplares "inmunocompetentes".

El veterinario Diego Rovetto lo rebatió con un estudio de la Universidad de Florida sobre 61 gatos ferales: al vacunarlos en el mismo momento de la cirugía, el 98 % seroconvirtió.

Las críticas apuntaron también a la conducción del área: proteccionistas aseguraron que Ferreyra no estuvo en la jornada crítica ni dio la cara ante los reclamos, mientras el Colegio Médico Veterinario de Chubut respaldó a los profesionales locales, rechazó los "ataques y la desinformación" y pidió a los funcionarios públicos evitar "confrontamientos estériles".

El hilo de fondo es el mismo que hoy sostienen los denunciantes: proteccionistas y vecinos ya venían reclamando más castraciones por día y denunciando trabas en el acceso al servicio, además del cumplimiento de la Ordenanza 15.776/21 y la Ley Provincial I-655.

Para los especialistas en control poblacional, cada uno de estos episodios responde a una misma lógica: la cirugía es la única oportunidad que tiene el sistema de salud de acceder a ese animal y, si la urgencia no se resuelve en el quirófano, esa oportunidad no vuelve.

La palabra de un especialista con 34 años de trayectoria

En diálogo con ADNSUR y Seta TV, el médico veterinario Javier Malavassi —presidente de la Red de Políticas Públicas y con 34 años de trayectoria profesional— analizó el encuadre ético y legal de estos hechos.

El especialista explicó que, al anestesiar y abordar quirúrgicamente a una hembra, no es infrecuente encontrarse con un "hallazgo quirúrgico", como una piómetra (acumulación de pus en el útero) o una infección uterina avanzada, situaciones que constituyen una emergencia médica con riesgo inminente de vida para la mascota.

"Ante un hallazgo de esa magnitud, lo primero que debe hacer el profesional, aprovechando la intervención, es salvarle la vida al animal y extirpar ese útero que es fuente de una infección. Optar por cerrar al animal y entregarlo aduciendo que no van a operar el útero configura una figura legal que se denomina mala praxis profesional. Lo que hicieron en Comodoro no es el actuar normal ni ético de un médico veterinario", aseveró Malavassi.

Asimismo, subrayó que el servicio público debe ser de excelencia para garantizar la atención de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a los costos de una clínica privada, sin agravar la condición de los animales ni generar un problema sanitario mayor a la comunidad.

El equilibrio poblacional, eje del debate

Más allá de la praxis profesional en quirófano, Malavassi encuadró el debate dentro del concepto de equilibrio poblacional, definiendo a las campañas masivas, gratuitas, abarcativas y tempranas como "el único método ético, eficaz y duradero para solucionar de raíz la sobrepoblación de perros y gatos".

Según detalló el profesional, la domesticación urbana ha creado condiciones idóneas para la reproducción exponencial al brindar alimento, refugio, calefacción y ausencia de depredadores. Esta proliferación descontrolada genera graves consecuencias comunitarias.

Entre ellas, la zoonosis y su impacto infantil: la principal epidemia en niños menores de 14 años está vinculada a parásitos gastrointestinales transmitidos por heces de animales sueltos, lo que convierte al control poblacional en un tema crucial de salud pública humana.

En ese sentido, la castración temprana —realizada idealmente entre los 3 y 5 meses de edad— no solo previene preñeces indeseadas y patologías como piómetras, pseudopreñez o tumores, sino que prolonga la expectativa de vida del animal entre 2 y 3 años, reduciendo drásticamente problemas de comportamiento, mordeduras y extravíos.

Una técnica para multiplicar cirugías

Para optimizar los recursos del Estado y elevar la capacidad de respuesta frente a la demanda vecinal, la Red de Políticas Públicas promueve y capacita gratuitamente a profesionales municipales en la técnica de castración masiva a ritmo de campaña conocida como Quick Early Spay.

Esta metodología permite concretar cirugías seguras en un lapso de 3 a 5 minutos por animal, reduciendo significativamente los riesgos anestésicos, los tiempos de recuperación, el uso de insumos y los costos operativos del municipio, multiplicando en forma exponencial la cantidad de intervenciones diarias.

Para finalizar, el titular de la Red remarcó la importancia de que el personal profesional contratado en las dependencias públicas comparta los fundamentos éticos, morales y la vocación social que requiere la salud pública animal.

Frente a irregularidades, omisión de auxilio o presuntas maniobras de mala praxis en dependencias públicas veterinarias, se recuerda a la ciudadanía que existe la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), donde los propios tutores o proteccionistas pueden asentar denuncias formales para que las autoridades competentes investiguen el desempeño del personal involucrado.