Anunciaron $2,3 billones contra las inundaciones y estos productores fueron a la Justicia a preguntar dónde está la plata
Anunciaron $2,3 billones para frenar las inundaciones y los productores de Carlos Casares pidieron los papeles. Lo que vino después del silencio provincial terminó en la Justicia.
Dos productores rurales de Carlos Casares no se quedaron con la duda. Presentaron un amparo por acceso a la información pública para saber qué pasó con los $2,3 billones que Axel Kicillof anunció en agosto para el Plan de Gestión del Riesgo Climático, la estrategia provincial para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.
La presentación judicial tiene fecha del 22 de octubre y apunta contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Lo que reclaman es concreto: cómo se van a administrar esos recursos y qué obras están previstas para frenar las inundaciones y mejorar la infraestructura rural.
Un pedido que nunca tuvo respuesta
El camino judicial no fue el primer paso. Los solicitantes habían presentado un pedido formal de información el 22 de julio y, según la presentación, no obtuvieron contestación. Con ese silencio, el 4 de septiembre quedó configurada la denegatoria tácita que les abrió la puerta de los tribunales.
El amparo busca esclarecer el respaldo administrativo del plan, los estudios técnicos que lo fundamentan, el expediente correspondiente y el cronograma previsto para ejecutar las medidas anunciadas.
También piden precisiones sobre las partidas presupuestarias, las modificaciones que pudieran haberse hecho y los montos comprometidos, devengados y pagados. Suman a la lista el saldo disponible y la existencia de créditos o préstamos destinados a financiar las intervenciones.
Licitaciones, contratos y responsables
Otro eje del planteo apunta a las contrataciones. Los productores solicitaron información sobre licitaciones, empresas adjudicatarias, contratos, certificados de obra, pagos e inspecciones. El objetivo es identificar a los responsables de los trabajos y establecer cuánto dinero recibió cada uno.
En materia de infraestructura, el pedido abarca las obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas en la Cuenca del Río Salado. La presentación pone especial atención en la Subregión A3 y en el propio partido de Carlos Casares.
La lista incluye caminos rurales, alcantarillas, canales, drenajes y otras medidas preventivas. A su vez, los productores quieren saber qué datos climáticos e hidrológicos se usaron para diseñar el plan y qué acciones se llevaron adelante frente a los anegamientos y los problemas en la red vial rural registrados durante 2025 y 2026.
La respuesta de la Provincia
Consultados por el diario Clarín, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron que “van a contestar el pedido de informes a la brevedad”.
El reclamo se conoce después de otro cruce de Kicillof en Carlos Casares por las demandas vinculadas con la infraestructura y los servicios públicos. Durante una recorrida por el distrito, el gobernador cuestionó a dirigentes de La Libertad Avanza que reclamaban por las deficiencias en el suministro de agua y los acusó de hacer “carancheo”. En ese contexto, les pidió que reclamaran al Gobierno nacional por los fondos que, según sostuvo, le quitó a la Provincia.
En aquella misma jornada, la administración bonaerense anunció la construcción del acueducto French-Carlos Casares, una obra de 30 kilómetros financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de $23.950 millones.
Entre los antecedentes judiciales por acceso a información sobre obras públicas en el distrito aparece el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares. En ese expediente, la Justicia ordenó completar la información requerida sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N.º 50.