Apelaron el cierre de la causa que salpica al tesorero de la AFA: qué hay detrás

La causa por lavado que salpica al tesorero de la AFA sumó un nuevo capítulo: la Fiscalía apeló el cierre que había beneficiado a su entorno familiar, y ahora la definición quedó en manos de un tribunal clave. Qué se juega en el expediente que arrancó en Santiago del Estero.

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Apelaron el cierre de la causa que salpica al tesorero de la AFA: qué hay detrás
Apelaron el cierre de la causa que salpica al tesorero de la AFA: qué hay detrás

El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en una causa por lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales.

La decisión había sido tomada la semana pasada por el juez Adrián González Charvay, quien resolvió cerrar la situación de trece personas y seis empresas vinculadas al entorno familiar del dirigente.

El expediente se inició en Santiago del Estero y allí se reunió información sensible sobre sociedades ligadas al clan Toviggino.

El origen de la investigación

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, trabajó durante casi cuatro meses en la recolección de pruebas. Obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la ARCA, entre otros organismos.

Solo en territorio santiagueño se individualizaron 35 inmuebles, un dato que da cuenta de la magnitud del entramado que se buscaba desentrañar.

En ese marco, Simón llegó a pedir la detención de Toviggino y de Claudio "Chiqui" Tapia, a quienes acusó de liderar una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero que habría comenzado en 2018.

Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar impuestos que correspondían a la ARCA mediante el engaño al fisco sobre el verdadero tributo debido, con facturas que se presumen falsas; y la omisión de liquidar divisas y la compra de moneda extranjera en el mercado informal.

El listado de imputados alcanzó a 26 personas. Entre ellas aparecían dos hijos del tesorero de la AFA, su hermano Darío Fabián, su exmujer María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja, María Florencia Sartirana.

El fallo que frenó el avance

La semana pasada, el juez federal de Campana sobreseyó a trece personas y a seis empresas vinculadas a la familia Toviggino: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS. El argumento central fue que no existía "impulso fiscal".

El punto de quiebre se produjo cuando el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega Simón, lo que puso en jaque el avance de la investigación.

"Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado", sostuvo González Charvay.

Y agregó: "No hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas".

El sobreseimiento no alcanzó a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, ni a Tapia.

Qué esperan las defensas

Los abogados de los jerarcas de la AFA aguardan el resultado de dos pericias que están en manos de los peritos de la Corte Suprema.

Una fue ordenada por Charvay el 29 de abril pasado en la causa por la mansión de Pilar. La segunda se dispuso a mediados de julio en el marco de un expediente que tramita en el fuero Penal Económico.

Los peritos tienen a disposición toda la documentación secuestrada en los allanamientos a la AFA y el material que aportó el empresario Guillermo Tofoni a partir de los discoveries en Estados Unidos.

El nuevo escenario judicial

La apelación de Bringas fue firmada en conjunto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco.

El planteo sostiene que "no corresponde el sobreseimiento porque se asimila a una absolución".

Con la presentación ya formalizada, el caso quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si el cierre dispuesto por González Charvay se mantiene o si la causa recupera impulso.

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