Aportan todos los meses, pero no pueden ver ni un papel: qué pasa con la obra social de los estatales formoseños

El Instituto de Asistencia Social para el Empleado Público (IASEP) atraviesa una crisis que se arrastra desde hace décadas y que volvió al centro de la escena tras las denuncias de la dirigente gremial Nilda Patiño. Las irregularidades que describió van desde la interrupción de prestaciones médicas básicas hasta el vaciamiento de las delegaciones del interior provincial.

En localidades alejadas de la capital, la atención presencial quedó reducida a esquemas mínimos. El caso de El Colorado es el más elocuente: «No está cerrado, pero abren una vez a la semana y solamente para venderte la orden, no para autorizar requerimiento de análisis», graficó la dirigente. Para los empleados estatales formoseños, ese cuadro no es una excepción: es la regla.

Una intervención que ya lleva décadas

El IASEP funciona bajo intervención directa del Poder Ejecutivo provincial desde hace aproximadamente dos o tres décadas, sin interrupciones. Los trabajadores públicos aportan mes a mes una cuota de sus salarios, pero no tienen manera de saber qué pasa con esa plata.

Los afiliados no pueden verificar cuánto ingresa a las arcas, en qué se gasta el presupuesto, quiénes son los proveedores contratados ni cuál es el número real de la plantilla de personal. La obra social opera, en la práctica, como una caja negra.

La demanda de normalización no pasa por una especulación electoral, según el planteo gremial, sino por devolver el manejo del organismo a sus legítimos dueños. En cualquier esquema republicano, la conducción de un ente asistencial debería recaer en representantes votados por los afiliados, de modo que una gestión fraudulenta pueda ser removida e investigada sin vueltas. En Formosa, en cambio, la crítica razonada se cataloga en términos absolutos: se está a favor o en contra del gobierno.

Médicos que cobran plus y afiliados sin salida

El impacto sobre el cuerpo médico es directo. Con aranceles atrasados, montos de consulta licuados por la inflación y demoras en los pagos, muchos profesionales dejaron de recibir órdenes de la obra social o suspendieron su convenio. Como resultado, los médicos se ven obligados a cobrar un adicional en efectivo o a exigir varias órdenes para cubrir el costo mínimo de una consulta.

El discurso oficial se indigna públicamente ante el cobro de esos plus, pero la realidad diaria muestra que la obra social traslada el costo de su insolvencia al bolsillo del afiliado y a la precarización de los profesionales.

A eso se suma una limitación clave: el trabajador de la administración pública provincial no puede emigrar a otra obra social o prepaga. Queda atado de manera obligatoria a un sistema resentido, sin alternativas para resguardar la salud de su grupo familiar.

Conflictos de intereses y el desgaste en el Hospital de Alta Complejidad

El trasfondo del problema abre interrogantes sobre posibles conflictos de intereses entre la función pública y la medicina privada. La coexistencia de altos funcionarios y ministros que participan al mismo tiempo del empresariado de la salud pone en duda si existe voluntad política para que la obra social estatal funcione con calidad y eficiencia. El deterioro del sistema público termina derivando pacientes hacia consultorios y clínicas privadas, con costos más altos.

La crisis no se limita al IASEP. También alcanza a los centros asistenciales de mayor jerarquía de la provincia, como el Hospital de Alta Complejidad. Denuncias públicas de profesionales y trabajadores con décadas de servicio advierten sobre hostigamiento laboral, nepotismo y arbitrariedad en la distribución de los cargos de conducción.

Mientras la experiencia y la idoneidad quedan relegadas, las áreas de recursos humanos aplican suspensiones o descuentos por demoras mínimas. Ese rigor punitivo contrasta con el personal designado sin mérito formal o con agentes que ni siquiera concurren a sus puestos.

A esto se agrega la contratación precaria bajo la figura de monotributistas, que mantiene a médicos, enfermeros y técnicos durante años sin estabilidad laboral ni equiparación salarial. Los logros científicos y de alta complejidad médica quedan opacados por las condiciones internas de inequidad con las que se sostiene el servicio día a día.

El conjunto de estos factores instala una demanda impostergable: transparentar la administración sanitaria en Formosa, terminar con las intervenciones permanentes y devolver a los trabajadores estatales la capacidad de auditar y conducir las instituciones dedicadas al cuidado de la salud.