Aportaron a la campaña de LLA y ahora se quedan con AySA: el detalle que complica la privatización
Una firma se quedó con la privatización de AySA. Sus socias aportaron $20 millones cada una a la campaña de LLA en la Ciudad, con un día de diferencia. La denuncia que puede frenar todo.
La privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) quedó confirmada, pero el proceso arrastra una serie de controversias que podrían hacer peligrar la adjudicación. La oferta elegida fue la del consorcio que encabeza la argentina Rowing S.A. por u$s340,2 millones, una cifra muy por debajo de los u$s500 millones que Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, había asegurado a Ámbito que se iban a "recibir como mínimo".
La diferencia entre lo prometido y lo ofertado encendió las primeras alarmas. Pero no fue lo único: un nuevo elemento sumó sospechas sobre el vínculo entre los compradores y el oficialismo.
El aporte que llama la atención
Rowing S.A. integra las firmas de infraestructura del grupo Equo Capital. Dentro de esa estructura, en el rubro "Logística, marketing y tecnología", aparecen otras dos sociedades: Direct Group y Lógico.
Esas dos empresas fueron aportantes de campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Lo hicieron por el mismo monto —$20 millones cada una— y con apenas un día de diferencia: el 28 y el 29 de julio. El dato fue advertido por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y puede verificarse con la información pública de la Cámara Nacional Electoral.
Denuncia contra Chaher y el Tribunal de Tasaciones
A la controversia por los aportes se sumó una denuncia presentada por cuatro legisladores del peronismo que integran la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, junto a los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, llevaron el caso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
Los apuntados son el propio Chaher y Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El objetivo, según precisó Capitanich a Ámbito, es "investigar el proceso de licitación y paralizar el trámite de privatización".
En la presentación los legisladores sostienen que "el Poder Ejecutivo armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legamente competente". Mencionan la ley Bases, dos decretos (780/2024 sobre acceso a la información pública y 450/2025 sobre tasaciones) y tres resoluciones. También denuncian "irregularidades en los distintos procesos de licitación" y que se mantuvieron "reservados todos los informes de tasación y valuación" para definir la cotización de AySA. Este medio ya había advertido sobre las restricciones a la información pública del Tribunal de Tasaciones.
El informe que no se tomó en cuenta
Los denunciantes detallaron además que el Tribunal de Tasaciones emitió un informe donde aclaró que no puede tasar con el criterio del Gobierno —basado en "ingresos esperados, la inversión comprometida y los costos operativos"—, sino que solo elabora cotizaciones a partir de activos físicos. Esa notificación fue omitida en el tratamiento parlamentario.
Como consecuencia, la tasación quedó delegada a una unidad creada a tal fin dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
"AySA se licita 'sin base' por lo que, con su tasación bajo secreto, no hay ningún parámetro público para juzgar si la mejor oferta es aceptable", analizaron los denunciantes. Y agregaron: "El único sentido que tiene mantener el secreto sobre el presupuesto oficial es impedir que se controle la adjudicación".
Los legisladores no descartaron avanzar con una acción penal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "administración fraudulenta" y "negociaciones incompatibles" con la administración pública.
Qué se juega con la concesión
"Cuando se vende un activo, nosotros queremos saber perfectamente cuál es su método de valuación", planteó Capitanich. El senador remarcó que "AySA tiene la transferencia del capital accionario y una concesión, que se extiende por 30 años con la posibilidad de 10 más".
El servicio alcanza a unos 3,35 millones de hogares y cerca de 350.000 usuarios no residenciales en todo el AMBA. Por eso Capitanich pidió conocer las metas de inversión: "Tienen el 75% de cobertura de agua potable y el 63,4% en redes cloacales, por lo tanto no es una cuestión menor el plazo de concesión y el período de inversión porque sino vas a llevar a la población a estar 40 años sin el servicio".
