Apoyo inmobiliario al desalojo exprés: 'El que invierte no lo hace por beneficencia'

La Cámara Inmobiliaria de Corrientes salió a respaldar uno de los puntos más sensibles del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno de Javier Milei. Mientras los inquilinos miran con preocupación, el sector inmobiliario pide celeridad en los desalojos y apunta al Estado como único responsable de la vivienda social.

Iván Montanaro, presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, fue contundente al diferenciar las dos situaciones que contempla el desalojo exprés: "El desalojo exprés prevé dos situaciones: el de usurpación y el que sobreviene de una relación contractual por vencimiento o falta de pago", explicó el dirigente.

El proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado y espera por Diputados, propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos cuando el contrato de alquiler venció o hay falta de pago. La iniciativa también busca cambiar el rol del juez en casos con menores de edad involucrados.

¿Qué dijo el sector inmobiliario sobre las críticas?

Montanaro salió al cruce de las posturas en contra: "Hay muchas apreciaciones políticas dando vueltas cuando se trata de una situación fáctica. El que hace una inversión en una vivienda o local comercial no lo hace por beneficencia, lo hace como un negocio y en muchos casos es su única fuente de ingreso", sostuvo en declaraciones a Radio UNNE.

Para el referente del sector, la clave está en acortar los plazos procesales: "Si bien hoy el desalojo está previsto, este proyecto viene a dar seguridad jurídica acortando plazos a través de procesos sumarísimos, para lo cual las provincias deberán adherirse y modificar sus códigos procesales", detalló.

¿Y los casos de vulnerabilidad social?

Consultado sobre situaciones de desempleo, familias con menores o personas con discapacidad que no pueden pagar el alquiler, Montanaro fue categórico: "Quien tiene que dar la solución es el Estado. Es ahí donde el Estado tiene que dar las herramientas necesarias para que esa persona pueda acceder a una vivienda", afirmó, y de paso criticó la paralización de la obra pública.

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el cambio en el rol del juez cuando hay menores, discapacitados o adultos mayores en la vivienda. Antes, el magistrado debía garantizar los derechos procesales de estos grupos; con la nueva normativa, esa responsabilidad pasa a los organismos locales de protección, que deberán intervenir una vez iniciado el proceso.

Además, se contempla un plazo adicional de hasta diez días para buscar una solución habitacional transitoria en estos casos. La discusión en Diputados promete ser intensa, con el sector inmobiliario de un lado y organizaciones sociales del otro.