Aprobada la ley de alquileres: el plazo que tienen los inquilinos de Santa Cruz antes de un desalojo
El Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para los inquilinos de Santa Cruz, hay un plazo mínimo antes de que el propietario pueda demandar el desalojo, y una regla clave para cuando se devuelven las llaves. ¿Cuánto tiempo hay y qué pasa si no se paga?
El Senado de la Nación dio luz verde a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una norma que, además de restituir la Ley de Tierras, introduce cambios en el procedimiento para reclamar la devolución de un inmueble. La votación fue ajustada: 42 votos a favor y 26 en contra, el jueves 19 de noviembre.
Para los inquilinos de Santa Cruz, la reforma tiene dos niveles de impacto. Por un lado, las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación sobre contratos de alquiler rigen en todo el país. Por otro, las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solo alcanzan a los tribunales que aplican ese código; la Justicia provincial santacruceña se maneja con su propio ordenamiento procesal.
El plazo clave antes de la demanda
Si un inquilino acumula deuda de alquiler, el propietario debe notificarlo de forma fehaciente, indicando el monto adeudado y el lugar de pago, y otorgarle un mínimo de diez días corridos desde que recibe la intimación. Ese plazo ya estaba previsto en el artículo 1222 del Código Civil y Comercial.
La novedad es que el texto sancionado admite expresamente que la notificación se dirija al domicilio físico o al electrónico consignado en el contrato. También mantiene la validez del aviso si el inquilino se niega a recibirlo o si la entrega falla por una causa que le sea imputable.
Esos diez días son para pagar, no para evitar el desalojo. Si la deuda persiste y el inmueble no se restituye, el propietario puede iniciar la demanda. La ejecución del desalojo, en todos los casos, requiere una orden judicial. Distinto es el escenario en que el contrato venció y el inquilino sigue ocupando la vivienda: allí la causa es el vencimiento, no la deuda, y el plazo de diez días para intimar el pago corresponde a la deuda.
Juicio sumarísimo y protección para grupos vulnerables
Para los tribunales que aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la reforma establece un juicio sumarísimo para desalojos urbanos y rurales. Ante falta de pago o vencimiento del contrato, el propietario puede solicitar la entrega anticipada del inmueble. El juez evalúa el pedido y determina la garantía a exigir. En estos procesos se admite prueba documental y pericial.
Antes de ejecutar el desalojo, el juez debe dar intervención a los organismos de protección si se acredita la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, debe fijar un plazo de hasta diez días para buscar una alternativa habitacional transitoria.
Qué pasa en los tribunales de Santa Cruz
La Justicia provincial ya cuenta con herramientas para trámites abreviados. Los artículos 671 y 671 bis del Código Procesal santacruceño contemplan un procedimiento por falta de pago o vencimiento contractual cuando se presenta la documentación requerida. El juez provincial también puede ordenar la entrega anticipada del inmueble a pedido de la parte actora, una vez trabado el juicio, si el derecho invocado parece verosímil y se presta caución por los daños eventuales.
En la práctica, para una vivienda en Río Gallegos, Caleta Olivia o El Calafate, la intimación de pago se rige por el Código Civil y Comercial nacional, mientras que el expediente judicial se tramita según el código procesal provincial.
La devolución de llaves y cuándo deja de correr el alquiler
La reforma también conserva una regla para el momento de restituir el inmueble. El propietario debe recibir las llaves y puede reservarse el reclamo por deudas pendientes. Si se niega o guarda silencio, el inquilino puede depositarlas judicialmente.
Si el depósito se concreta dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación fehaciente al propietario, el alquiler y las obligaciones accesorias dejan de devengarse desde la fecha de esa notificación. Si el depósito se inicia más tarde, el alquiler corre hasta que el propietario recibe la notificación del depósito judicial.
El capítulo sobre alquileres y desalojos regula el reclamo de pago y la recuperación del inmueble. Las disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.