Aprobaron el cobro urgente de deudas de la OSEF y dos meses después lo anularon ellos mismos
Aprobada con fuerza en septiembre y presentada como la herramienta clave para recuperar millones, la Resolución 122/2026 terminó anulada por quienes la habían votado: los vocales de activos y pasivos acompañaron su nulidad absoluta. Qué encontró el dictamen jurídico para dar marcha atrás.
El Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) declaró la nulidad absoluta de la Resolución 122/2026, la norma que había puesto en marcha un mecanismo urgente para determinar y cobrar las deudas con el organismo. La decisión se tomó por unanimidad de los presentes y quedó plasmada en la Resolución 138, fechada el 14 de octubre.
El esquema anulado había sido aprobado el 7 de septiembre y fijaba plazos para conciliar acreencias, intimar a los deudores, iniciar acciones judiciales y hasta pedirle al Banco de Tierra del Fuego la retención de fondos provinciales. Con la nueva norma, todo eso quedó sin efecto, junto con las condiciones de los planes de pago y la obligación de elevar informes mensuales al Directorio.
Los mismos votos, dos meses después
El dato que más llama la atención es quiénes acompañaron el cambio. La vocal por los activos, Adriana Soria, y el vocal por los pasivos, Horacio Gallegos, habían votado a favor de la Resolución 122 en septiembre, con el voto en contra del representante del Ejecutivo, Jorge Giménez. El 14 de octubre, en cambio, ambos respaldaron su anulación.
La Resolución 138 lleva las firmas del presidente Gustavo García, de Soria, de Gallegos y del propio Giménez.
Qué encontró la revisión jurídica
El análisis lo pidió la Presidencia de la OSEF a la Coordinación Jurídica. El Dictamen Jurídico 47/2026 concluyó que la norma tenía vicios que afectaban elementos esenciales de su validez y recomendó declarar la nulidad absoluta.
Entre los argumentos, la resolución señala que no estaba acreditado que se hubiera emitido un dictamen jurídico previo a la aprobación del mecanismo de cobro, pese a que sus disposiciones podían afectar derechos o intereses de los alcanzados. La propia Resolución 122, advierte, ya había reconocido la necesidad de esa intervención previa.
También se cuestiona el reparto de funciones dentro de la obra social: las instrucciones sobre intimaciones, vías judiciales, comunicaciones al banco y cobro de créditos debían armonizar las atribuciones del Directorio con las facultades de administración y representación que tiene la Presidencia.
Otro punto objetado es que se hubieran dispuesto medidas sobre saldos todavía sujetos a conciliación y verificación, y que no se explicaran las razones técnicas para fijar un plazo uniforme de cinco días hábiles frente a créditos de distinta naturaleza y respaldo documental.
Las cifras que estaban en juego
La norma anulada había declarado de interés institucional y trámite urgente el recupero de todas las acreencias exigibles. Como antecedente, registraba un saldo provisional por aportes y contribuciones de $8.740,6 millones al 28 de agosto. De ese total, $7.682,2 millones correspondían al Gobierno provincial.
En la lista también aparecían deudas de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Tolhuin, la Dirección Provincial de Vialidad y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial.
Por otro lado, la resolución informaba un saldo contable neto provisional de $10.707,1 millones por prestaciones a beneficiarios RUPE al 31 de julio, con la aclaración de que esos créditos debían conciliarse y reclamarse de manera diferenciada de los aportes y contribuciones.
Cómo era el mecanismo que quedó sin efecto
Para avanzar con los cobros, la norma anulada establecía cinco días hábiles para elaborar un informe contable integral y otros cinco para cursar las intimaciones una vez recibido. Los deudores tenían hasta cinco días hábiles administrativos para pagar o presentar una propuesta admisible y, vencido ese plazo, se preveía promover las acciones judiciales dentro de los diez días hábiles siguientes.
Además, limitaba los planes de regularización a doce cuotas mensuales, exigía incluir capital, recargos e intereses y prohibía quitas o condonaciones. También disponía informes mensuales sobre las gestiones y los montos recuperados.
Las deudas siguen
La Resolución 138 aclara que la nulidad no implica renunciar, condonar ni extinguir los créditos legítimamente adeudados a la OSEF, y que su determinación y recupero deben continuar conforme a la normativa vigente. Es decir, el procedimiento exprés cayó, pero las acreencias siguen sobre la mesa.
El texto expone los fundamentos jurídicos de la anulación, aunque no explica individualmente cómo los representantes de activos y pasivos compatibilizan su voto de septiembre con el de octubre.
