Aprobaron la ley de discapacidad: qué pasará con las deudas que reclaman las instituciones salteñas

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto que busca dar un marco permanente al sistema de discapacidad. La iniciativa, denominada Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El texto propone reemplazar las sucesivas declaraciones de emergencia por un régimen estable, pero aún debe pasar por el Senado y no implica que las deudas que reclaman las instituciones salteñas estén saldadas.

El reclamo que quedó documentado en septiembre

Las entidades que atienden a personas con discapacidad en Salta venían reclamando pagos pendientes, actualización de aranceles y fondos para sostener la atención. Esos planteos quedaron registrados durante una reunión que mantuvieron en septiembre con el Ministerio de Salud provincial y el diputado nacional Bernardo Biella.

En el encuentro pidieron cancelar deudas, reducir las demoras en los pagos, preservar el nomenclador de prestaciones y asegurar financiamiento presupuestario. El nomenclador es el que fija los valores reconocidos por los servicios.

De esa reunión participaron organizaciones de la Capital y del interior provincial, entre ellas HIRPACE, ADANA, Munay Huasi de Tartagal, Rehabilitación Leven de Cerrillos y Sinapsis de General Güemes.

Qué dice el proyecto sobre las compensaciones

El texto aprobado incluye una respuesta para las compensaciones adeudadas a los prestadores. Según surge de la cobertura del proyecto, prevé publicar un cronograma dentro de los 30 días y cancelar esas compensaciones en un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigencia. Esos plazos todavía no empezaron a correr.

Hay una diferencia clave que conviene no confundir: la compensación por el atraso de los aranceles no es lo mismo que una factura impaga por atención o transporte.

La compensación prevista en el artículo 13 de la Ley 27.793 busca cubrir la diferencia entre los aumentos arancelarios y la inflación del período que va de diciembre de 2023 a diciembre de 2024. Por eso, no debe interpretarse que el proyecto resuelve automáticamente cualquier deuda que tenga una institución.

Aranceles, pensiones y fondos: los otros ejes del debate

La iniciativa mantiene el nomenclador universal y los aranceles unificados. También conserva el esquema de pensión equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y la compatibilidad con ingresos laborales dentro de los límites previstos.

En materia presupuestaria, contempla partidas para sostener el sistema y mecanismos de financiamiento nacional ante insuficiencias. Son puntos que se relacionan con los pedidos de previsibilidad que habían formulado desde Salta. Esa coincidencia no permite atribuir cada incorporación exclusivamente a la gestión provincial.

Qué falta para que Salta reciba respuestas

La media sanción abre una nueva etapa legislativa. Todavía no acredita que una institución salteña haya cobrado ni permite establecer cuánto dinero recibirá.

Para medir el alcance local falta conocer el saldo actualizado por prestador, qué parte corresponde a compensaciones y qué parte a prestaciones facturadas. La información pública relevada para esta nota no ofrece una cifra provincial consolidada.

También queda por precisar cómo se responderá al reclamo territorial. En septiembre, el ministro Federico Mangione había pedido contemplar las dificultades geográficas de Salta al distribuir recursos. Ese planteo requiere verificar qué respuesta concreta tendrá en el régimen definitivo y su implementación.