Aprueban una ley bonaerense y el campo estalla: qué van a hacer los municipios con la plata de los caminos

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto del senador Sergio Vargas que, por 180 días, habilita a los 135 municipios a destinar hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica. La medida despertó el rechazo inmediato de las entidades agropecuarias.

El objetivo declarado es destrabar la "rigidez burocrática" de la Ley 13.010 ante la llegada de lluvias intensas y anegamientos por El Niño, y darles a las administraciones locales más margen de maniobra. Para los defensores de la norma, no tiene sentido perfilar o reparar un camino de tierra si antes no se limpian canales, alcantarillas y arroyos: la red vial termina tapada bajo el agua.

Los productores del interior bonaerense ven la ecuación al revés. Para ellos, se está desvistiendo a un santo para vestir a otro.

CARBAP y la Sociedad Rural, contra la ley

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) cruzaron con dureza el proyecto, aprobado con un tratamiento acelerado sobre tablas. Calificaron de "inadmisible" que se les quiten partidas a una infraestructura que, según describieron, atraviesa condiciones desastrosas en buena parte del territorio provincial.

Ese deterioro, advirtieron, pone en riesgo el transporte de cosechas, el tránsito de hacienda, la llegada a las escuelas rurales y el acceso a los centros de salud.

El nudo: los recursos ya tienen destino

El reclamo se concentra en la afectación de partidas específicas. Las entidades recordaron que los municipios ya cobran la Tasa de Red Vial, un ingreso que —sostienen— se percibe de forma sistemática sin que se traduzca de manera transparente ni efectiva en la reparación de los caminos de tierra.

Permitir que se desvíen los fondos del Inmobiliario Rural, que por ley deben ir al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, equivale para el sector a institucionalizar un desfinanciamiento justo en el momento de mayor vulnerabilidad productiva.

Cuestionamiento a los tiempos políticos

La dirigencia rural también apuntó contra las formas. Remarcó que las advertencias climáticas sobre El Niño se conocen formalmente desde hace más de medio año, por lo que las obras de contención y prevención debieron planificarse con partidas específicas de la Provincia o de la Nación.

En cambio, señalaron, se optó por una resolución de emergencia aprobada a las apuradas, en un período legislativo marcado por la escasez de sesiones.

Qué pasa si llueve de más

El uso de la norma es optativo y no obligatorio, y los intendentes evalúan el margen que les otorga. Los productores, en tanto, advierten que si las precipitaciones se intensifican no solo crecerá el riesgo de anegamiento en los campos: el interior bonaerense podría quedar literalmente aislado por la imposibilidad de mantener transitables sus vías de comunicación.

Detrás de la contingencia climática asoma un debate de fondo: la necesidad de un plan logístico integral que no castigue al sector rural cada vez que se requiere financiamiento para emergencias regionales.