Aranda redobla el paro judicial en Chaco y apunta contra una decisión que cambia el futuro de los salarios

La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch), Graciela Aranda, ratificó en diálogo con Radio Natagalá la continuidad del paro y adelantó que este martes habrá una concentración a las 10.30 en las Torres Civiles, con actividades junto a trabajadores del sector. La medida de fuerza abarca dos jornadas sin asistencia a los lugares de trabajo.

La dirigente aclaró que el gremio que conduce no llevó adelante el paro que se le atribuyó durante la semana anterior y remarcó que la decisión actual surgió de una asamblea y fue ratificada el viernes en el ámbito intergremial. «Nosotros mantenemos la firmeza en cuanto a defender nuestros derechos», sostuvo.

Un conflicto de derechos, no de salarios

Aranda fue tajante al despejar interpretaciones: el reclamo no busca un aumento de salario, sino proteger el sistema de porcentualidad que fija la relación entre las remuneraciones de los distintos sectores del Poder Judicial. «Acá esto es un conflicto de derechos, acá no hay un conflicto de intereses donde no estamos pidiendo aumento de salario, eso hay que dejar bien claro, no estamos pidiendo aumento de salario», expresó.

En ese marco, cuestionó la posibilidad de que se apliquen descuentos por los días de paro y anticipó que el sindicato agotará todas las instancias administrativas disponibles. El impacto de las remuneraciones, subrayó, alcanza tanto a los trabajadores activos como a los jubilados.

Decreto derogado y una mesa técnica en revisión

La sindicalista explicó que la organización participa de las instancias institucionales vinculadas a la normativa salarial, entre ellas una mesa técnica de revisión trimestral que integran representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Dirección de Administración del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, Justicia de Paz, el área de Hacienda del gobierno provincial y los gremios judiciales. La última reunión de ese espacio se realizó el pasado día 3.

El eje de la discusión actual, precisó, pasa por la Ley 3424-A y el decreto 3514 de 2023, que fijaba parámetros para avanzar hacia la equiparación con la media nacional. «La primera etapa era la equiparación de la media del NEA, la segunda etapa la equiparación de la media nacional», recordó, y remarcó que ese decreto fue derogado por el gobierno provincial el 30 de enero de 2024.

Antecedentes judiciales y reclamo en la Legislatura

Aranda repasó los orígenes del conflicto: un proceso judicial iniciado en 2005 y la sentencia 160/20, dictada en 2020, que derivó en la sanción de la Ley 3424-A. Según su relato, el propio STJ consideró cumplida la sentencia mediante la resolución 324/21, de diciembre de 2021, y la normativa comenzó a aplicarse en febrero de 2022 con un esquema de recomposición para el personal judicial.

La dirigente cuestionó que después se impulsara un proyecto legislativo distinto al esquema que, a su entender, estaba vigente. «Este mismo tribunal, este mismo tribunal en resolución 324/21 de fecha diciembre del 2021 dijo que está cumplida la sentencia con esta ley», afirmó.

El sindicato realizó presentaciones judiciales y pidió participar como tercero interesado en una causa por la discusión salarial, pero el pedido fue rechazado. Aranda confirmó que la organización está dispuesta a usar todas las vías disponibles y, en paralelo, continuará gestionando ante la Cámara de Diputados. «Nosotros vamos a agotar todas las instancias, todas las instancias», manifestó.

En ese sentido, contó que solicitaron audiencias con las distintas comisiones legislativas para presentar documentación y exponer su postura sobre el proyecto en discusión, que según la mirada gremial modifica la base de cálculo del sistema de porcentualidad y condiciona la evolución futura de los salarios judiciales.

Diferencias entre magistrados y empleados

Aranda cuestionó que el proyecto establezca mecanismos diferenciados para las remuneraciones de magistrados y empleados judiciales, y reclamó que los parámetros de equiparación contemplen al conjunto del Poder Judicial. También mencionó reclamos individuales por deudas salariales históricas y acuerdos parciales alcanzados durante 2023. «No es que estamos en contra de que hagan su juicio y arreglen, pero ¿por qué vas a buscar maniobras para desenganchar al trabajador y perjudicar a sus trabajadores?», planteó.

Sobre la medida de fuerza, reconoció que los descuentos por días de paro son un riesgo para quienes adhieran, pero ratificó la decisión de continuar con la protesta. «Si vamos a arrugar por eso quiere decir que no tenemos convicción en nuestra lucha», cerró.