ARCA embarga cuentas de pymes por atrasos de 48 horas y los empresarios denuncian un negocio millonario

La presión fiscal sobre las pymes misioneras se recrudeció en las últimas semanas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un esquema de fiscalización que no da tregua: ante un vencimiento impago, el organismo emite una intimación electrónica y, si el contribuyente no responde en 48 horas, el expediente pasa directo a jurídicos. El resultado, según denuncian los empresarios, es un juicio con embargo de cuentas bancarias en menos de dos semanas.

El reclamo no es nuevo, pero ahora toma otra dimensión. A la caída de las ventas y la pérdida de rentabilidad, el sector Pyme suma un dolor de cabeza extra: los abogados de la ARCA. Desde el empresariado local aseguran que alrededor de la presión impositiva se construyó un negocio millonario que tiene como únicos beneficiarios a los letrados del organismo recaudador.

El mecanismo: 48 horas para pagar o ir a juicio

Cuando se cumple un vencimiento, la ARCA manda una intimación electrónica que otorga un plazo escueto de 48 horas para saldar la deuda. Si el dinero no aparece, el expediente pasa al departamento jurídico, que inicia un proceso legal contra el deudor. A menos de dos semanas de abierto el caso, la ARCA ya puede embargar todas las cuentas bancarias del contribuyente.

Ese embargo, lejos de ser un trámite menor, complica la operatoria diaria de las empresas. Los dueños de pymes se ven imposibilitados de transferir dinero a sus proveedores y de cobrar lo que les depositan sus clientes. La cadena de pagos se traba y el daño se multiplica.

El negocio de los abogados

La consecuencia inmediata es que el empresario suma más deudas en concepto de punitorios y honorarios. Los abogados de la ARCA se aprovechan del mal momento del sector para construir un negocio personal muy redituable, según la mirada de los afectados. El ejemplo que manejan es contundente: una deuda de 10 millones de pesos puede terminar con un abogado cobrando un millón por ponerle la firma a un sencillo trámite burocrático.

Ni siquiera el pago libera al deudor de inmediato. Una vez saldado el impuesto original, la liberación de los embargos puede demorar hasta 48 horas hábiles, y ese trámite agrega un costo extra de hasta el 10% del total adeudado, otra vez en concepto de honorarios para los letrados.

La CEM sale al cruce

El tema será tratado mañana en reuniones que organiza la Confederación Económica de Misiones (CEM) en Oberá y San Vicente. Los empresarios buscan visibilizar la situación y encontrar una salida a un esquema que, denuncian, castiga al sector productivo en un momento de crisis.