Archivaron los pedidos de juicio político contra una jueza y un fiscal: ¿qué pasará ahora con Lalo Cobos?

La Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura tucumana decidió archivar las acusaciones contra la jueza Silva y el fiscal Blanno, al no encontrar causales de mal desempeño. Mientras tanto, la Cámara se prepara para tratar el DNU que designó a Eduardo “Lalo” Cobos como interventor del ERSEPT.

¿Qué se evaluó en la comisión?

La reunión, encabezada por Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Cámara y titular de la comisión, del bloque Justicialista, analizó dos planteos. El primero apuntaba contra Silva, jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones de la X Nominación del Centro Judicial Capital. El segundo buscaba la remoción de Blanno. Ambas acusaciones se basaban en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, tras el análisis, el legislador Claudio Viña, de Compromiso Tucumán, explicó que no encontraron elementos que justificaran continuar con los procedimientos. “Hubo dos pedidos contra funcionarios judiciales y entendimos, como comisión, que no había causales de mal desempeño. Por lo tanto, hemos archivado los dos juicios políticos”, afirmó.

¿Qué dice la Constitución provincial?

La decisión cierra las actuaciones sin avanzar hacia una acusación formal. Según la Constitución provincial, cuando la Comisión Permanente de Juicio Político resuelve no acusar, debe archivar el expediente y comunicar su decisión a la Legislatura. Así quedó sellado el destino de ambos pedidos.

Además de Mansilla y Viña, participaron Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Eduardo Verón Guerra, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez y Francisco Serra.

¿Cuándo se tratará el DNU de Lalo Cobos?

En paralelo, la Cámara se alista para convocar una nueva sesión. Uno de los temas centrales será el Decreto de Necesidad y Urgencia que designó a Eduardo “Lalo” Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).

El decreto ingresó por mesa de entradas el viernes 7 de agosto y quedó sujeto al mecanismo de revisión legislativa previsto en el artículo 101, inciso segundo, de la Constitución provincial. Esta norma obliga al Poder Ejecutivo a remitir cada DNU a la Legislatura dentro de los cinco días hábiles posteriores a su firma.

¿Qué pasa si no se trata en 20 días?

Una vez recibido, el cuerpo tiene 20 días hábiles para pronunciarse sobre su validez. Si el decreto es ratificado o vence ese plazo sin resolución legislativa, adquiere fuerza de ley desde la fecha de su dictado. En cambio, si la Cámara lo rechaza dentro del término constitucional, queda sin validez legal, aunque se mantienen los efectos ya cumplidos por su aplicación inmediata.