Arjol impulsa que Misiones adhiera a una ley nacional contra el narcomenudeo: qué cambiaría para la provincia

¿Qué cambiaría en Misiones si la provincia adhiere a la Ley 26.052? El proyecto de Arjol promete más herramientas para combatir el narcomenudeo, pero también redefine el rol de la Justicia provincial.

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Arjol impulsa que Misiones adhiera a una ley nacional contra el narcomenudeo: qué cambiaría para la provincia
Arjol impulsa que Misiones adhiera a una ley nacional contra el narcomenudeo: qué cambiaría para la provincia

El diputado nacional por Misiones Martín Arjol presentará este jueves sobre tablas un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional 26.052, con el objetivo de fortalecer las herramientas locales contra el narcomenudeo.

La iniciativa surge por la preocupación por el avance del consumo problemático de estupefacientes, sobre todo entre los jóvenes, y busca que los organismos provinciales tengan más recursos y competencias para intervenir en la venta de drogas a pequeña escala.

Qué implica la adhesión

Si se aprueba, el Ministerio de Gobierno de Misiones quedaría como autoridad de aplicación y podría actuar como organismo de coordinación administrativa, siempre respetando las atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El esquema prevé articular el trabajo con la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial, el organismo de prevención de adicciones y control de drogas, el Ministerio de Salud Pública y otras áreas con competencia en la materia.

Uno de los puntos centrales es que la Justicia provincial pueda intervenir en delitos menores relacionados con drogas, sin que todas las causas queden en manos de la Justicia Federal. Así, los organismos federales podrían concentrarse en el narcotráfico de mayor escala y en las organizaciones criminales.

Desde el entorno de Arjol sostienen que la adhesión también permitiría acceder a fondos y recursos para prevención y combate del narcomenudeo.

El consumo entre adolescentes

El proyecto pone el foco en el impacto del consumo problemático en adolescentes. Según datos oficiales citados en la iniciativa, la edad de inicio del consumo ronda los 12 años, y la población joven afectada sigue en aumento.

En recorridas por barrios de la provincia, vecinos habrían manifestado conocer lugares donde se comercializan estupefacientes. Según el proyecto, en algunos casos las respuestas se ven limitadas por cuestiones burocráticas y por la distribución de competencias entre la Justicia provincial y federal.

Con la adhesión, se busca agilizar las investigaciones y reforzar los recursos, mientras las fuerzas federales se enfocan en las estructuras del narcotráfico a gran escala.

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