Arrojar basura en un canal de Mendoza te puede costar más de un millón de pesos: los detalles que nadie esperaba

La Legislatura de Mendoza avanza con dos proyectos que buscan ponerle un freno a un problema que se repite cada vez que llueve fuerte: la basura y los escombros que terminan tapando cauces, acequias y desagües. Las iniciativas obtuvieron despacho en comisiones de Diputados y apuntan a endurecer las multas y crear un sistema digital para denunciar infracciones ambientales con fotos y videos.

El primero de los proyectos modifica el artículo 127 del Código Contravencional (Ley 9.099) y eleva las sanciones para quienes arrojen, viertan o acumulen residuos, escombros, áridos, plásticos o basura en lugares no habilitados, veredas, banquinas o acequias. Las multas pasarían de los $600 actuales por Unidad Fija a entre 1.000 y 2.000 UF, es decir, entre $600.000 y $1.200.000. Además, se prevé arresto de 10 a 20 días y 30 días de trabajo comunitario.

La propuesta también incorpora un artículo específico para quienes arrojen o abandonen animales muertos, residuos urbanos o domésticos, desechos tóxicos, plásticos u otros tipos de basura en colectores aluvionales, zanjones, ríos, cauces de agua o infraestructura de drenaje pluvial. En estos casos, las multas van de 1.500 a 3.000 UF (entre $600.000 y $1.800.000), con arresto de 15 a 25 días y 25 días de trabajo comunitario destinado a tareas de limpieza.

El contexto: el fantasma del Súper Niño

La iniciativa responde a la preocupación por los posibles efectos del fenómeno denominado "Súper Niño". Con las lluvias pronosticadas, una eventual crecida puede arrastrar residuos y materiales acumulados, por lo que se consideró necesario reforzar las medidas preventivas. El proyecto se enmarca en las acciones de limpieza de cauces y canales que ya encaran el Gobierno y los municipios.

La diputada Beatriz Martínez (UCR) sostuvo que el objetivo es que Mendoza pueda "soportar y drenar" de manera adecuada una mayor cantidad de agua. La legisladora subrayó que, además de las obras y los sistemas de alerta, se necesita que los vecinos tomen conciencia: "Se necesita que la ciudadanía advierta que habrá una mayor dureza en la contravención", afirmó.

Denuncias con el celular: el otro proyecto

El segundo proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, crea un marco jurídico para recibir, validar y preservar registros audiovisuales aportados por la ciudadanía. Cualquier persona, humana o jurídica, pública o privada, podrá comunicar posibles infracciones relacionadas con residuos, recursos hídricos, bosques nativos, fauna, áreas naturales protegidas, actividad minera e hidrocarburífera y ordenamiento territorial.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y se usarán plataformas digitales oficiales. El sistema deberá permitir georreferenciación, sello de tiempo y código de verificación, además de validar la identidad del denunciante. La identidad será preservada, aunque la presentación no tendrá carácter anónimo.

Uno de los puntos centrales es garantizar la autenticidad de las imágenes y videos. Se prevén herramientas para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue generado el registro, y se contempla el tratamiento de contenidos adulterados con inteligencia artificial, edición o montaje.

Una vez superados los controles de admisibilidad y validación técnica, las actuaciones serán derivadas al organismo competente junto con un informe con los datos disponibles. Las imágenes y videos podrán usarse como elementos de sustento, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción: el organismo deberá evaluar el conjunto de las actuaciones y garantizar el derecho de defensa.

El proyecto también prevé convenios con municipios, organismos autárquicos y entes reguladores, y establece que el Ministerio deberá publicar periódicamente información sobre las comunicaciones recibidas, admitidas y archivadas, los organismos intervinientes, las medidas adoptadas, los tiempos de tramitación y las sanciones impuestas.