Arsenal, celulares y legajos: el juicio que expone las entrañas de un juzgado de Río Turbio

Desde las nueve de la mañana de este martes, la Cámara Oral de Río Gallegos se convierte en el escenario del juicio contra tres hombres —de apellidos Cabana, Sánchez y Muñoz— señalados como parte de una red que sustraía armas y municiones bajo custodia judicial en el Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio. La causa, bautizada operativo "Empleado Infiel", es una de las de mayor gravedad institucional en el fuero penal santacruceño de los últimos años.

Los acusados llegan al banquillo con expectativas de pena de considerable magnitud. Deberán responder por un entramado que, según la investigación, convirtió un recinto destinado al resguardo legal en una base de operaciones clandestinas.

Una red que operaba desde adentro

El origen del escándalo se remonta a diciembre de 2024, cuando salieron a la luz los ribetes del caso. Una investigación encabezada por la División de Investigaciones (DDI) Cuenca Carbonífera logró desmantelar una estructura que, de acuerdo a lo reconstruido, actuaba con total impunidad desde las entrañas del juzgado de Río Turbio.

El modus operandi consistía en la sustracción sistemática y la posterior comercialización ilegal de armamento de fuego y municiones que se encontraban bajo custodia judicial, secuestrados en distintas causas penales. La gravedad del caso radicaba en que los propios custodios de la ley eran, presuntamente, quienes perforaban el sistema de seguridad desde adentro.

El despliegue que sacudió la Cuenca Carbonífera

La investigación preliminar derivó en una coordinación sin precedentes en la región sur. Se concretaron allanamientos y requisas simultáneas en 28 de Noviembre, Río Turbio y estancias de la zona de influencia como El Palenque, en cercanías del Valle Primavera.

Aquella madrugada de operativos contó con el respaldo de divisiones de élite: Fuerzas Especiales, Interpol, la División de Ciberdelitos y el Departamento de Delitos Organizados Zona Sur, bajo la supervisión de las máximas autoridades ministeriales de la provincia.

Qué encontraron en los allanamientos

El saldo de los procedimientos graficó la magnitud del negocio ilegal. Las fuerzas de seguridad incautaron pistolas de calibres de alto poder destructivo, revólveres, carabinas, rifles y miles de municiones listas para el mercado negro.

Pero el botín no se limitaba al material bélico. En los inmuebles allanados se secuestraron más de treinta teléfonos celulares, notebooks, tablets, cámaras fotográficas y legajos y registros judiciales sustraídos con información sumamente sensible sobre armas y pericias. También aparecieron cuantiosas sumas de dinero en efectivo en pesos argentinos y moneda chilena, mobiliario con sellos e inscripciones oficiales del juzgado, carne faenada clandestinamente sin control bromatológico y otros pertrechos vinculados a la actividad criminal.

Detenciones y una fuga frustrada

En la redada inicial, la Justicia ordenó la detención de seis sospechosos de entre 24 y 54 años. La causa sumó ribetes cinematográficos cuando uno de los involucrados intentó escapar hacia Chile y fue interceptado por efectivos de Gendarmería Nacional en el Paso Internacional Dorotea. Quedó de inmediato a disposición de la comisaría de 28 de Noviembre.

Entre los detenidos originales y los implicados que ahora llegan al debate oral sobresalían perfiles que encendieron las alarmas del sistema judicial: un empleado que cumplía funciones activas en el juzgado de Río Turbio y un exintegrante de la fuerza policial provincial. Esa combinación de saberes técnicos y logísticos, según la pesquisa, garantizaba impunidad y conocimiento de los circuitos de control.

El primer núcleo en el banquillo

De aquel abanico inicial de imputados, el proceso depuró responsabilidades y sentó en el banquillo a este primer núcleo conformado por Cabana, Sánchez y Muñoz. Desde las primeras horas de este martes, el tribunal camarista examinará pruebas documentales, pericias balísticas, cruces telefónicos y testimonios reunidos durante la instrucción.

El juicio promete desenterrar detalles incómodos sobre la porosidad de los controles internos en las dependencias públicas del interior santacruceño.