Ascensos en la Policía: un dictamen oficial enciende la alarma y deja en jaque al Gobierno

La Fiscalía de Estado puso el grito en el cielo por los ascensos policiales y ahora el Ejecutivo deberá dar explicaciones. El organismo detectó que se saltaron pasos clave antes de promover a 76 efectivos. La polémica crece y los agentes afectados ya reclaman.

Todo comenzó con el Decreto 391/26, que ascendió a un grupo de sargentos sin la intervención de la Junta de Calificaciones y Promociones ni del jefe de Policía. Según el Dictamen 10/26, del 31 de julio, esas instancias eran obligatorias y su ausencia pone en tela de juicio todo el proceso.

¿Qué pasó con la Promoción 42?

Los beneficiados pertenecen a la Promoción 42, que había alcanzado el grado de Sargento el 1° de enero de 2023. Pero ojo, los reclamantes de la Promoción 41 tienen más antigüedad: ingresaron a la fuerza el 6 de agosto de 2010, mientras que la mayoría de los ascendidos lo hizo el 2 de diciembre de ese mismo año.

Con el decreto, los de la 42 pasaron a Sargentos Primeros, dejando a los de la 41 en el mismo rango. Esto alteró las relaciones de superioridad y precedencia dentro de la fuerza, un tema sensible en cualquier estructura policial.

La Ley 735 y el procedimiento que se omitió

La Ley 735 establece que para los ascensos deben intervenir tres instancias: la Junta Permanente de Calificaciones, que evalúa idoneidad y mérito; el jefe de Policía, que analiza la propuesta; y finalmente el Poder Ejecutivo. En este caso, las dos primeras no fueron consultadas.

Para la Fiscalía, no son meras formalidades. Son evaluaciones técnicas necesarias para que la decisión sea válida, incluso en situaciones excepcionales. El organismo reconoce que el Gobierno buscaba corregir una desigualdad originada en la transición entre las leyes 735 y 834, pero sostiene que el fin no justifica los medios.

Además, advierte que la situación de la Promoción 41 no puede analizarse por separado. Al beneficiar solo a la 42, no se evaluó el impacto sobre los de mayor antigüedad y se afectó el principio de jerarquía.

Sin embargo, el dictamen no ordena ascender automáticamente a los reclamantes. Aclara que el ascenso no es un derecho adquirido, sino una expectativa condicionada a requisitos legales y necesidades del servicio. Cada caso deberá tramitarse administrativamente.

La Fiscalía exhortó al gobernador a obtener los pronunciamientos de la Junta y del jefe de Policía, y luego evaluar si corresponde ratificar, confirmar o complementar los ascensos. También deberá analizar si los fundamentos se aplican a la Promoción 41, considerando las consecuencias técnicas, funcionales y presupuestarias.

En resumen, la Fiscalía no cuestiona el objetivo del Gobierno, pero sí el camino elegido. La pelota está ahora en la cancha del Ejecutivo, que deberá decidir cómo resolver este entuerto sin más polémica.