ATE nacional respalda a sus dirigentes entrerrianos tras la denuncia del Gobierno

El consejo directivo nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió a respaldar con fuerza a la conducción sindical de ATE Entre Ríos y a sus dirigentes, después de que el Gobierno provincial radicara una denuncia penal contra ellos por los incidentes ocurridos en la sede de Recursos Humanos. La entidad gremial repudió "enérgicamente al Poder Ejecutivo" entrerriano, al que acusó de "perseguir y pretender judicializar a los defensores de los legítimos derechos de las y los trabajadores estatales".

La presentación judicial fue formalizada el 8 de este mes ante la Unidad Fiscal de Paraná por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp. Según el escrito, alrededor de las 10.30 de ese martes un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del consejo directivo nacional— se presentó en el edificio de calle Corrientes Nº 399, forzó el ingreso y protagonizó un forcejeo con el personal de Mesa de Entradas.

De acuerdo con la denuncia, el grupo se desplazó luego por las oficinas profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, y exigiendo la agilización de trámites gremiales. La funcionaria denunció empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.

El texto también menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria. El Gobierno anticipó que pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal.

Los nombres que figuran en la denuncia

La denuncia identifica a tres dirigentes sindicales entre las personas que ingresaron al edificio: Mariana Luján, secretaria adjunta de ATE; Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos; y Gustavo Eduardo Quinteros, secretario de Organización del consejo directivo nacional de ATE.

"Junto a estas tres personas se encontraba un grupo aproximado de más de cien (100) personas con la pechera de ATE, muchas de las cuales no puedo identificar en este momento, aunque podrían ser individualizadas mediante el análisis de los registros fílmicos que acompaño como prueba", sostiene el escrito presentado por Kapp.

La versión del sindicato

ATE nacional sostuvo que la jornada fue una movilización gremial en reclamo de la reapertura de paritarias y la regularización de la carrera administrativa, y rechazó que esos hechos puedan ser calificados como actos de violencia o intimidación. "La jornada fue una manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo", señaló la entidad.

Entre los reclamos, el sindicato enumeró trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de paritarias. "Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando", agregó.

La conducción nacional también cuestionó la respuesta oficial: "Cuando un Gobierno no brinda respuestas en tiempo y forma a los trabajadores, y estos reclaman por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo por la criminalización de quienes demandan soluciones concretas".

Desde ATE Entre Ríos apuntaron además un dato que consideran clave: la funcionaria que radicó la denuncia no se encontraba en su lugar de trabajo al momento de realizarse la manifestación.

La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, expresó su solidaridad con los dirigentes denunciados y ratificó el respaldo: "El derecho a huelga y a manifestarse está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que resulta descabellado que una funcionaria judicialice la protesta social".