Aterrizó en la cancha pese a la medida judicial y desató la bronca de una comunidad
La referente de Caspalá vio bajar al gobernador del helicóptero en el predio en disputa. Lo que denunció ante la justicia...
La visita del gobernador Carlos Sadir a Caspalá no pasó desapercibida. La comunidad indígena local presentó una denuncia formal por presunta desobediencia judicial, al considerar que la comitiva oficial ignoró las restricciones vigentes sobre el predio de la cancha, un espacio que está bajo medidas cautelares de la justicia federal y provincial.
El malestar se centró en el aterrizaje del helicóptero en ese lugar, pese a que, según los vecinos, no existe un acuerdo judicial que lo habilite. Lucía Apaza, referente de la comunidad, dialogó con Radio 2 y calificó la llegada de las autoridades como una provocación política y una falta de respeto a la autonomía comunitaria.
Apaza sostuvo que el arribo de Sadir tuvo como objetivo posicionar a una nueva comunera que responde al municipio local, aunque el proceso electoral previo estuvo marcado por denuncias de irregularidades. Cuestionó que la designada es empleada de planta permanente del municipio, cobra un sueldo y ni siquiera reside en Caspalá.
“Él dice que va a aterrizar en la cancha y lo hizo, y vino a posicionar a la nueva comisión, que es una empleada del municipio de planta permanente y que cobra un sueldo, y vive en Jujuy, ni siquiera vive acá. Lo hace queriendo, no viene a colaborar, más bien demostrando un capricho”, disparó Apaza.
La referente también apuntó contra la Secretaría de Pueblos Indígenas por la superposición de mandatos y la falta de transparencia en la validación de autoridades comunales. Aseguró que su gestión se extendió legítimamente con constancias emitidas por ese organismo, y que el reconocimiento de la nueva figura responde a una estrategia de “acomodo político” para debilitar la resistencia jurídica que llevan adelante en los tribunales federales.
“Únicamente se hizo un avance de la parte de las tribunas, pero legalmente no tenemos un acuerdo positivo donde esté por escrito de la jueza que tenemos que salir y hacer en común acuerdo de ambas partes (...) Entraron a trabajar como si nada, como diciendo 'yo soy gobernador o me manda el gobernador y hago lo que quiero'”, agregó.
Mientras las denuncias penales por desobediencia avanzan en la justicia, desde la comunidad aseguran que continuarán visibilizando lo que consideran un avasallamiento sistemático a sus derechos ancestrales y a las normativas vigentes en la provincia.