Audiencias por la Ley de Glaciares: el polémico método que usará Diputados y la batalla legal que ya perdió el ambientalismo

La Cámara de Diputados se apresta a un debate de alto voltaje. Tras un fin de semana XL, las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales encaran dos extensas jornadas de audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto ya sancionado por el Senado que el oficialismo de La Libertad Avanza espera convertir en ley durante la primera quincena del mes próximo.

Las audiencias están programadas para este miércoles y jueves, con horario extendido desde las 10 hasta las 19 horas, y con la posibilidad de prolongarse hasta la medianoche en ambos días. Esta fue la máxima concesión que otorgaron los diputados libertarios a quienes reclamaban ampliar el tiempo para las presentaciones.

Un mecanismo inédito y cuestionado

Los presidentes del plenario de comisiones, José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), convocaron solo dos días de audiencias pese a que la cantidad de inscriptos superó las 100 mil personas. Para manejar esta cifra abrumadora, habilitaron un polémico mecanismo: las ponencias se subirán como videos a la página oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.

Cada participante tendrá un máximo de cinco minutos en su video y deberá presentar además un escrito que no supere las diez páginas. Esta modalidad desató un fuerte rechazo en organizaciones ambientalistas.

Un conjunto de fundaciones, entre las que se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina, presentaron una medida cautelar. Exigían que se le ordene al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos.

La Justicia dijo que no

El reclamo, sin embargo, no prosperó. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión. De esta manera, las audiencias quedaron firmes para desarrollarse bajo el formato establecido por los diputados oficialistas.

Rápidamente, el diputado Nicolás Mayoraz salió al cruce de las críticas. “Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”, afirmó.

Mayoraz defendió el procedimiento argumentando que “el plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú y no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación”.

Reglas estrictas para el debate

Otra resolución que generó roces establece que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales. El resto de los legisladores no tendrá derecho a participar activamente en las jornadas.

Además, se restringió el acceso de asesores. Solo se permitirá el ingreso de dos asesores de la Secretaría Parlamentaria por cada bloque político.

El camino hacia la votación en el recinto

Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde La Libertad Avanza planean convocar un nuevo plenario de comisiones entre el 7 y el 8 del mes próximo para firmar los dictámenes. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de Diputados el 15 de abril.

Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, será convertido directamente en ley. En cambio, si sufre cambios en la Cámara baja, deberá regresar al Senado para una nueva revisión, donde la Cámara alta solo podrá aceptar la propuesta de Diputados o ratificar su sanción original.

Los diputados Martín Menem (presidente de la Cámara) y Gabriel Bornoroni (presidente del bloque oficialista) trabajan activamente para asegurar los 129 legisladores necesarios para el quórum y, posteriormente, construir las mayorías para sancionar la norma.

La búsqueda de votos y las disidencias

El oficialismo cuenta con sus 95 diputados y espera sumar a la mayoría de los 12 integrantes del PRO y de la UCR, aunque ambos sectores mostraron diferencias durante el debate en el Senado. También se espera el respaldo de legisladores de provincias cordilleranas cuyos gobernadores ya adelantaron su acompañamiento, como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

En Neuquén, la senadora Julieta Corroza se abstuvo tras dialogar con el gobernador Rolando Figueroa. En tanto, desde Jujuy, la diputada radical María Inés Zigarán —integrante del bloque Provincias Unidas y de la fuerza del gobernador Carlos Sadir— ya anunció públicamente su rechazo a los cambios en la ley de protección de glaciares.

El oficialismo trabaja para obtener la mayoría y sancionar el proyecto tal como salió del Senado, aunque reconocen que los votos aún no están asegurados y no descartan introducir modificaciones para sumar apoyos.

¿Qué cambia la ley?

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, apuntan a alterar la protección total que actualmente tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El objetivo del Gobierno es otorgar mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades económicas, como la minería, evaluando su aporte hídrico.

En la práctica, los cambios permitirían la actividad industrial, incluida la minería y la exploración petrolera, en zonas periglaciales, transfiriendo poder de decisión a los gobiernos provinciales y buscando mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones del Senado, y se espera que sus diputados acompañen los cambios en la Cámara baja. El proyecto fue aprobado en el Senado el pasado 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.