Auditan a la Cooperativa 127 Hectáreas: ¿qué pasó con los terrenos del Ejército?
El Gobierno provincial creó una comisión para investigar a la Cooperativa 127 Hectáreas y a Jorge Salas por presuntas estafas con terrenos del Ejército. ¿Qué encontraron en las primeras auditorías?
El Gobierno provincial ya puso en marcha una Comisión Auditora interministerial para investigar a Jorge Salas y la Cooperativa 127 Hectáreas, en el marco de múltiples denuncias por estafa que acumulan más de 1.400 damnificados. En 60 días deberán presentar un informe clave.
La comisión fue creada por los ministerios de Infraestructura y Gobierno, a cargo de Tanya Bertoldi y Jorge Tobares, y ya está operativa. Su objetivo es revisar cómo se cedieron terrenos del Ejército Argentino a la cooperativa, que debían destinarse a viviendas pero muchas nunca se entregaron.
¿Qué terrenos están bajo la lupa?
El origen se remonta a un convenio de 2003 entre la Provincia y la Nación por el cual Neuquén recibió la Chacra "La Sirena", de 127,52 hectáreas, a cambio de obras para el Ejército. Ese acuerdo se modificó en 2004 y 2016.
La investigación se centra en tres fracciones cedidas en tenencia precaria a la cooperativa mediante los decretos 790/10, 1800/12 y 963/15: un sector de 14,71 hectáreas del Lote 2 y dos sectores de 12 y 11,57 hectáreas del Lote 1, que suman poco más de 38 hectáreas.
¿Qué busca determinar la comisión?
La comisión deberá identificar si hay ocupantes o asentamientos no autorizados, si se realizaron construcciones sin permiso y, sobre todo, qué empresas o personas planificaron, financiaron o ejecutaron esas obras. También verificará si se cumplieron las condiciones del convenio original.
Si se detectan hechos que comprometan el interés fiscal, el informe podría derivar en nuevas acciones judiciales. La comisión está integrada por el arquitecto Gonzalo Peralta, representantes del IPVU/ADUS y escribanas de la Escribanía General de Gobierno.
El historial judicial de Jorge Salas
Salas, exdirector de Hábitat del IPVU hasta febrero de 2025, enfrenta una causa penal por estafa a cargo de la fiscal Rocío Rivero. En una primera etapa, el fiscal Juan Manuel Narváez ordenó diez allanamientos simultáneos. La investigación abarca 32 denuncias por un monto inicial de 10,5 millones de pesos y 500 dólares, pero los damnificados estiman que los afectados superan las 1.400 personas, con aportes de entre 5.000 y 8.000 dólares cada una.
Los terrenos investigados incluyen La Sirena Unificada, La Meseta neuquina y los barrios Centenario I y II. En La Meseta, la fiscalía sostiene que se ofreció loteo de tierras fiscales que no podían subdividirse, configurando una estafa. El gremio ATEN se sumó como querellante para reclamar 44 viviendas adeudadas a docentes.
Mientras tanto, un grupo de damnificados reclama ante Personas Jurídicas la intervención de la cooperativa para apartar a Salas, sin respuesta oficial hasta ahora. La Comisión Auditora es el primer movimiento fuerte del Estado desde que estalló el escándalo.