Auditaron cuatro comedores de Paraná y revisaron hasta el almacenamiento de los insumos

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) desembarcó en territorio para controlar cómo se ejecutan los convenios del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, articulados con el Ministerio de Capital Humano de la Nación. La lupa se puso sobre dos organizaciones comunitarias de Paraná que administran un monto total asignado de $628.186.294.

La fiscalización no se hizo desde el escritorio: los equipos técnicos visitaron cuatro comedores comunitarios para auditar presencialmente las transferencias realizadas entre agosto y octubre de 2025, por un monto de $265.247.232.

Qué revisaron en cada comedor

El objetivo, según dijeron desde el organismo, es evaluar el desempeño, la legalidad y el destino efectivo de los recursos públicos destinados a la contención social y alimentaria en sectores vulnerables de la provincia.

Las tareas de fiscalización técnica y de campo se centraron en dos convenios específicos. Por un lado, el Convenio 641/2025, correspondiente al Comedor Comunitario Malvinas Argentinas, con un monto asignado de $262.193.369. Por el otro, el Convenio 874/2025, del Centro Comunitario Los Conejitos, por $365.992.925, entidad responsable de garantizar la atención alimentaria en los comedores Nietito Fuerte, Los Conejitos y Barrio San Martín.

Durante el relevamiento presencial, los auditores aplicaron un esquema integral que combinó la revisión contable con la verificación directa del servicio prestado. El procedimiento abarcó la recopilación y análisis de la normativa vigente y su cumplimiento, el análisis de la recepción e inversión de los fondos transferidos, los saldos y rendiciones de cuentas, y entrevistas con las autoridades y responsables de los establecimientos.

Además, en los cuatro comedores se examinaron las condiciones edilicias, el equipamiento, el almacenamiento de insumos y la prestación efectiva del servicio alimentario.

El marco de la Red Federal de Control Público

“Estas acciones se desarrollan bajo la órbita de la Red Federal de Control Público, un entramado institucional que integra a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de los Ministerios Nacionales y los órganos de control externo provinciales”, señaló el Tribunal.

El TCER integra esa red desde sus inicios, en 2002. “La mayor fortaleza de este sistema radica en que las auditorías son ejecutadas por técnicos locales, conocedores de la realidad del territorio, garantizando un control riguroso, independiente y con enfoque constructivo sobre las políticas públicas nacionales que se ejecutan en suelo entrerriano”, puntualizó el organismo.