Bacchiani acorralado: acusa a ex socios y abogados de quedarse con millones en medio de la causa

Edgar Adhemar Bacchiani, el empresario tucumano imputado por un esquema Ponzi y lavado de activos, redobló sus acusaciones contra quienes fueron sus socios y abogados en una nueva presentación ante la Justicia Federal. Trasladado desde el penal de Miraflores en Catamarca, el hombre señalado como “ex trader” intentó deslindar su responsabilidad penal y apuntó contra una supuesta trama de despojo de bienes que habría generado la crisis de su firma, Adhemar Capital SRL.

¿Quiénes son los señalados por Bacchiani?

En su ampliación de indagatoria, Bacchiani describió una organización que, según su versión, terminó traicionándolo. Mencionó a contadores públicos, escribanías y un equipo de abogados, entre los que destacó a Lucas Retamozo y a Carlos Correa. Este último, a diferencia de Retamozo, no está procesado en la causa penal iniciada a comienzos de 2022.

Carlos Correa se incorporó a la financiera a principios de 2021, recomendado por Eduardo Guerrero, titular de la Inmobiliaria Guerrero, donde funcionaba una oficina satélite del emprendimiento. Además de asesor legal, Correa ingresó como inversor, representando capitales propios y de un grupo de personas, incluidos familiares.

Las pruebas en el expediente: llamadas intervenidas y testimonios clave

El expediente contiene registros de comunicaciones telefónicas intervenidas en abril de 2022 entre Correa y Retamozo. La fiscal cordobesa Valeria Rissi dejó asentado el nivel de intervención que ambos letrados tendrían dentro de la estructura organizativa que, según la acusación, encabezaba Bacchiani. En esas conversaciones también quedó registrada una llamada al contador Iván Segovia, quien al atender habría advertido: “Carlitos, ¿estamos por llamada normal, no?”.

Otra pieza relevante es la declaración de Zaraive Garcés Rusa, expareja y socia procesada de Bacchiani, quien en calidad de imputada colaboradora denunció haber sido extorsionada y amenazada por Correa. Según su testimonio ante la Fiscalía Federal en 2023, el abogado la habría presionado para firmar documentación bajo advertencias vinculadas a su condición de inmigrante venezolana. “Me dijo que tenía que firmar sí o sí, que mirara mi condición de inmigrante, que no tenía los papeles bien, que pensara en mi hijo, que iba a quedar presa”, declaró.

Las acusaciones de desfalco y la respuesta de la defensa

En su exposición más reciente, Bacchiani aseguró que Correa se habría quedado con 20 millones de dólares. También lamentó la desaparición de 60 mil dólares correspondientes a un equipo de frío destinado a la casa central, cuyo paradero dijo desconocer. Cuestionó además la gestión del síndico Walter Javier Andrada en la quiebra de su persona física, al sostener que bajo esa administración “desapareció” una rentabilidad mensual de 3 millones de pesos que obtenía al frente de la firma Medialunas Calentitas.

El empresario, identificado en la causa como “ex trader”, denunció lo que calificó como una persecución judicial en distintas jurisdicciones: en Catamarca, en Córdoba —donde cuestionó la actuación de la fiscal Valeria Rissi— y en La Rioja. Anunció su intención de denunciar a Rissi por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras sus declaraciones, el abogado Bruno Jerez aclaró que su parte se opuso a que la tramitación de los bienes se desarrollara en el fuero comercial ordinario y enfatizó que la acción civil no se dirige únicamente contra Bacchiani, sino también contra los otros once imputados en el expediente. Por su lado, el letrado Montero indicó que las presuntas irregularidades mencionadas por el acusado deben canalizarse por las vías procesales correspondientes.

Mientras la investigación continúa su curso, el caso mantiene abiertas múltiples aristas judiciales que se extienden más allá de Catamarca y que siguen bajo la órbita de la Justicia Federal.