Báez detenido, pero seguía manejando bienes: la Justicia lo imputó por lavado

El fiscal federal Julio César Zárate confirmó que Lázaro Báez fue imputado por lavado de dinero en una causa que lo vincula con una red de personas investigadas por narcotráfico. La acusación se formalizó tras un megaoperativo con 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires.

La investigación federal por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos en Santa Cruz tuvo un nuevo capítulo esta semana. Los procedimientos, que arrancaron el lunes 9 de noviembre y venían de once meses de pesquisas, derivaron en dos expedientes con conexiones entre sí.

Uno de los casos busca comprobar si existió una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes. El otro intenta determinar si hubo una estructura para administrar, explotar y poner en circulación bienes que estarían vinculados a Lázaro Báez. Las pesquisas también alcanzaron a personas que tendrían participación en ambas estructuras.

El despliegue judicial incluyó allanamientos en domicilios particulares, locales comerciales, propiedades del empresario y el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, donde Báez permanece detenido. Se secuestraron documentos, vehículos y sustancias que serán analizadas.

Doce formalizados y prisiones preventivas

Las audiencias de formalización se extendieron durante toda la jornada del jueves 12 de noviembre. Según informó La Opinión Austral, fueron formalizadas doce personas, entre ellas Báez y su pareja, Claudia Insaurralde. La Justicia dispuso prisión preventiva y otras restricciones de libertad.

En diálogo con LU12 AM680, el fiscal Zárate explicó los alcances de las dos investigaciones y la situación procesal de los acusados. También se refirió a los audios que trascendieron públicamente, en los que presuntamente Báez daba instrucciones para administrar propiedades y hacer operaciones comerciales con bienes sujetos a medidas judiciales.

"Son dos causas extremadamente complejas desde el punto de vista operativo y de la investigación", sostuvo Zárate, y no descartó nuevas medidas: "Nunca podemos descartar algo que eventualmente tengamos que hacer".

Nueve imputados en una causa, once en la otra

El fiscal precisó que hay nueve personas formalizadas en un expediente y once en el otro, con nombres que se repiten. En una causa hay siete detenidos con prisión preventiva por 180 días; en la otra, cinco. Algunos tienen arresto domiciliario y otros libertad controlada, con prohibición de salir del país y obligación de firmar.

No todos son de Río Gallegos: hay detenidos en Buenos Aires y en la capital santacruceña. Entre los imputados, Cristian Ibáñez —señalado como presunta mano derecha de Báez— está acusado en ambas investigaciones. Insaurralde, en cambio, solo está imputada en la causa vinculada a Báez.

El lavado y el delito precedente

Zárate aclaró que para imputar lavado de dinero no hace falta una condena por el delito precedente, sino demostrar indicios de una actividad delictiva. "Lo que se le imputó particularmente (a Báez) fue una maniobra de lavado de dinero. Dentro de esa imputación se indicó la utilización de toda una red de personas que también aparecen vinculadas con la investigación por narcotráfico", explicó.

En la otra causa, las imputaciones son por asociación ilícita, comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal también se refirió a otro empresario local condenado, que tenía autorización para salidas laborales pero una prohibición específica de comerciar con ganado. "Los audios lo vinculan con operaciones de compra y venta de animales sin documentación, provenientes de determinadas estancias", afirmó. Para él también se pidió prisión preventiva por 180 días.

Contratos irregulares y vehículos de alta gama

Sobre los audios difundidos, Zárate aclaró que no son información reservada: se exhibieron en audiencias públicas y forman parte de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa de narcotráfico. "Son audiencias públicas, no reservadas. A diferencia del otro Código, que tenía un carácter secreto, ahora se puede presenciar lo que sucede en la sala", dijo.

Respecto de los bienes secuestrados, explicó que los vehículos no estaban a nombre de quienes los usaban: se recurría a terceros y se hacían transferencias irregulares. "Estamos hablando de vehículos de mucho valor, camionetas y automóviles de alta gama", detalló.

En la audiencia se exhibieron contratos firmados por personas que figuraban como presidentes de sociedades que ni siquiera tenían número de CUIT. "Eran situaciones completamente irregulares", subrayó.

Zárate fundamentó cada allanamiento ante el juez Claudio Vázquez en una audiencia de casi cuatro horas previa a los procedimientos. "No es que uno solicita una orden de allanamiento y va directamente. Hay que fundamentarla, explicársela al juez y, si entiende que corresponde, la autoriza", señaló.

Penas graves y trabajo por delante

El fiscal evitó hablar de penas concretas, pero recordó que la asociación ilícita es un delito grave que no permite condena en suspenso. En narcotráfico, la pena mínima es de cuatro años de cumplimiento efectivo, con agravantes por la cantidad de personas, la organización y la vinculación con el lavado.

Consultado sobre cómo Báez podía seguir manejando operaciones desde la cárcel, Zárate explicó que los bienes cautelados no son necesariamente conocidos por todos, y que la organización habría buscado burlar los mecanismos judiciales. "No tuvo ningún tipo de consideración respecto de que él estuviera detenido ni de las restricciones judiciales", afirmó.

Sobre la persona fallecida que habría estado a cargo de una estancia investigada, el fiscal fue tajante: "Una de las circunstancias por las cuales alguien no puede estar involucrado en una causa es precisamente estar fallecido".

Zárate anticipó que otros fiscales, como Luciani y Córdoba, podrían pedir nuevas medidas. "El cumplimiento de una pena también implica que no se puedan seguir ejerciendo o cometiendo delitos desde un lugar de detención", cerró.