Una vecina con 28 años en la actividad y "El Moto" encabezan el reclamo de miles de bagayeros en la frontera. Mientras la protesta se endurecía, los videos mostraban algo adentro de una oficina de Andreani.
La frontera entre Argentina y Bolivia volvió a encenderse. Trabajadores bagayeros se movilizaron en Aguas Blancas y Bermejo para denunciar que las grandes empresas de transporte y encomiendas les están quitando la actividad que sostiene a miles de familias. En medio de la protesta, empezaron a circular videos que mostraban el saqueo de una oficina de Andreani en la localidad salteña.
La manifestación reúne a trabajadores y familias de Orán, Aguas Blancas y Bermejo. Según estimaron los propios manifestantes, la problemática afecta a cerca de 7.000 familias que dependen económicamente de la actividad fronteriza.
El reclamo: "nos quitaron el trabajo"
Los bagayeros sostienen que la llegada de grandes compañías de logística y encomiendas cambió el funcionamiento de la economía de la frontera. Durante la protesta explicaron que esas firmas permiten que mayoristas y comerciantes de otras provincias operen directamente en la zona, desplazando a quienes históricamente se encargaban del traslado de mercadería.
Entre los referentes del sector aparecen Sebastián, conocido como "El Moto", y una vecina con 28 años de trayectoria en la actividad. Ambos advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales de esta situación.
El argumento central es que la pérdida de trabajo golpea el sustento de miles de hogares y complica cubrir necesidades básicas, entre ellas la educación de los hijos. Por eso reclamaron la intervención de las autoridades municipales y provinciales, y exigieron que las grandes empresas de encomiendas se retiren de la zona.
La jornada también dejó momentos de tensión: hubo enfrentamientos, gritos y pedradas entre manifestantes y policías, además de los videos que señalaban el saqueo a la oficina de Andreani.
La mirada del interventor: "la vaca ya no da leche para todos"
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, reconoció que las manifestaciones estaban previstas tanto del lado argentino como del boliviano, pero planteó una lectura distinta del conflicto.
"Hay una crisis generalizada, hay un exceso de gente que viene de los alrededores de Bermejo y pueblos cercanos a Aguas Blancas, y la vaca ya no da leche para todos", expresó.
Para el funcionario, los distintos sectores afectados por la situación económica de la frontera buscan responsabilizarse entre sí, cuando el problema responde a múltiples factores. En ese marco mencionó los reclamos de transportistas de Aguas Blancas, que cuestionan que sus vehículos sean revisados en el puesto 28 mientras que, según denuncian, algunas empresas de transporte y encomiendas circulan sin los mismos controles.
Zigarán también señaló los conflictos entre taxistas habilitados y quienes trabajan de manera irregular, y sostuvo que la problemática involucra tanto actividades legales como ilegales.
El pedido para reforzar los controles aduaneros
Uno de los ejes que planteó el interventor es la falta de controles sobre el transporte de mercadería. Según explicó, presentó un pedido por escrito al fiscal Marcos Romero para que las empresas de transporte público y de encomiendas deban pasar obligatoriamente por el área de control integrado de Aduana, ubicada sobre la Ruta Nacional 50, a unos 500 metros de la salida de Aguas Blancas.
Hoy las camionetas que trasladan mercadería desde la localidad deben descargar sus productos en el puesto 28 para pasar por el escáner y luego volver a cargarlos. Zigarán cuestionó que las empresas de colectivos, como San Antonio, que realizan entre 20 y 30 servicios diarios, no tendrían los mismos controles. También advirtió que las empresas de encomiendas despachan mercadería durante la madrugada, entre las 00 y la 1, cuando no habría personal para fiscalizarlas.
El funcionario aclaró que el escáner del puesto 28 está destinado principalmente a la detección de drogas y que no existe allí un área específica para controlar el contrabando de mercadería.
"No hay una solución simple"
Zigarán también cuestionó que los manifestantes exijan el cierre de empresas de encomiendas, al considerar que se trata de compañías que desarrollan una actividad legal.
"No hay ninguna ley nacional ni provincial que prohíba empresas de logística o encomienda. Que de ahí esas empresas lleven mercadería ilegal que transportan los mismos bagayeros, es otro tema", sostuvo.
Por último, advirtió que la situación es difícil de resolver debido a la dimensión de la economía informal que atraviesa la frontera. "Si todos los organismos públicos nos ponemos en legales, se cortaría todo el trabajo de frontera", manifestó.
