Baja de imputabilidad en La Pampa: qué cambia para los chicos de 14 y 15 años

La Legislatura pampeana dio un paso clave para adecuar su normativa a la nueva ley nacional que reduce a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Este martes, el Plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Hacienda y Presupuesto emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto del Poder Ejecutivo, que ahora deberá ser tratado en el recinto.

La iniciativa modifica las leyes provinciales 3.353, 2.574 y 2.831 y contempla cambios en el sistema judicial, la creación de cargos específicos y nuevas herramientas para abordar a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Qué implica la adecuación

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio, expusieron ante los legisladores los alcances de la medida. Álvarez sostuvo que “estamos ante un punto de inflexión que tiene que ver con la nueva Ley de baja de la edad de imputabilidad. Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse”. Y agregó que vienen trabajando hace casi cuatro meses para preparar su aplicación.

Osio explicó que la adecuación provincial contempla modificaciones a tres normas: la Ley 3.353 (Régimen Penal Juvenil), la Ley 2.574 (Orgánica del Poder Judicial) y la Ley 2.831, que creó el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal.

El funcionario advirtió que la baja de la edad mínima amplía la población alcanzada por el sistema penal juvenil “por partida doble”: por un lado, incorpora a adolescentes de 14 y 15 años que hasta ahora no eran punibles; por el otro, se amplía el universo de delitos alcanzados, al eliminarse restricciones de la legislación anterior.

Qué facultades conserva la provincia

Osio detalló que las provincias mantienen la potestad de fijar las reglas procesales, la definición de funciones, la supervisión y asesoría jurídica, la competencia de los juzgados y la organización de los organismos que intervienen en el sistema. “Lo que se buscó, en concordancia con quienes ejercen esas funciones, es especialidad y cercanía”, afirmó.

La propuesta incluye la creación de cinco cargos de fiscales adjuntos y cinco de defensores para trabajar específicamente en el régimen penal juvenil, con el objetivo de avanzar hacia un fuero especializado.

Osio remarcó que la adecuación fue consensuada con todos los efectores del sistema y que la finalidad del régimen penal juvenil no es punitiva, sino restaurativa y de reinserción social. Por eso, explicó, se considera incompatible el juicio abreviado y se restringieron los procedimientos de flagrancia y la conversión de la acción en privada.

Capacitación y consultas

Durante la ronda de preguntas, la legisladora María Laura Trapaglia consultó sobre las capacitaciones previstas. Osio respondió que se desarrolló un curso entre el Ejecutivo, el Judicial y la UNLPam, y que también se creó una diplomatura especializada en el régimen penal juvenil.

Patricia George, por su parte, preguntó sobre el alcance en La Pampa de un fallo de la provincia de Buenos Aires que suspendió la aplicación de la ley nacional. Osio aclaró que se trata de una decisión de la jueza Marta Pascual, que rige solo para su circunscripción judicial, y que el Ministerio Público Fiscal podría recurrirla. Aun así, destacó la importancia de que la provincia avance con su propia adecuación para evitar situaciones similares.

Más allá de este tema, el plenario también emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto que modifica la Ley Nº 468 de fraccionamiento de predios rurales, mientras que la minoría fijará posición en el recinto.