Baja la edad de imputabilidad a los 14: los tres poderes de Tucumán ya definen cómo aplicarla

Con la Ley Nacional 27.801 a punto de entrar en vigencia, el próximo 5 de septiembre, los tres poderes del Estado tucumano se reunieron en la Corte Suprema para coordinar cómo aplicar la norma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. El encuentro, realizado en el Palacio de Tribunales, buscó unificar criterios y avanzar en una estrategia provincial que priorice la prevención y la reinserción de los adolescentes.

De la mesa participaron el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, el fiscal general Edmundo Jiménez, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. También estuvieron legisladores, magistrados y funcionarios de organismos especializados.

Una ley pensada "a la tucumana"

Acevedo calificó el encuentro como "muy positivo" y remarcó que se desarrolló con respeto a la independencia de cada poder. El vicegobernador insistió en que la provincia deberá adaptar la aplicación de la norma a su propia realidad: "Es necesario que en Tucumán arbitremos las medidas necesarias para cuando se implemente. No es la misma idiosincrasia que tienen en Buenos Aires que lo que podemos sentir o ver acá".

Para el titular de la Legislatura, el objetivo central debe ser la recuperación de los jóvenes por encima del castigo: "Es una mirada en donde pensamos que debemos rescatarlos, que debemos recuperarlos, que podamos tener una ley penal juvenil que sea aplicable en Tucumán de la mejor manera y que sea no tan solo penalizar, sino también cuidar a nuestros adolescentes".

El fiscal general Jiménez valoró la instancia de diálogo y subrayó que ningún poder del Estado puede quedar al margen de la puesta en marcha de la norma nacional. Calificó el debate legislativo que se avecina como uno de los más sensibles del período, por tratarse de menores de edad: "Esta es, quizás, la ley más importante que trate la legislatura en su período, porque se trata de menores, de chicos, y hay que ser muy cuidadoso en todo esto".

Educación pone el foco en la contención

La ministra Susana Montaldo, en representación del Ejecutivo provincial, sostuvo que la relevancia de la reunión pasa por su impacto directo en la salud de los jóvenes: "Es muy importante que los tres poderes del Estado, con una representación, podamos reunirnos porque se trata de la salud de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad".

La funcionaria vinculó el nuevo escenario legal con el trabajo que su ministerio despliega desde el arranque de la gestión en materia de prevención y convivencia escolar, apoyado en una línea de salud socioemocional dirigida a alumnos y familias. Citó como antecedentes el Congreso Provincial de Educación de julio y la distinción con la Bandera de la Paz, lograda a partir de un programa de mediación escolar que ya funciona en el nivel primario y que ahora se extiende a las secundarias: "Tenemos en todas nuestras escuelas primarias niños mediadores de conflicto, y este proyecto lo estamos llevando también a las escuelas secundarias para que nuestros jóvenes aprendan a resolver en forma pacífica las situaciones de conflicto que se suscitan".

Tres proyectos en danza en la Legislatura

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, en representación del trabajo técnico de la Cámara, destacó la necesidad de coordinar con jueces y con los ministerios de Desarrollo Social y Educación la futura aplicación de las penas. Detalló que el parlamento provincial analiza actualmente tres proyectos con estado parlamentario, orientados a garantizar que la normativa local se ajuste al marco federal y a los tratados internacionales de derechos humanos.

El legislador remarcó que la apuesta tucumana no se agota en la sanción, sino en dotar al sistema de herramientas concretas de resocialización: "Buscando que ese joven o ese menor que sufre una condena pueda, a partir de su proceso de recuperación, poder reinsertarse en la sociedad, poner fin a su trayectoria criminal y bajar la posibilidad de que pueda reincidir y dañar a la sociedad".