Bajan a 14 años la edad penal: los delitos que podrían meter a un adolescente en la Justicia

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional despertó el rechazo de organizaciones que trabajan con infancias en Tucumán. La principal crítica apunta a la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, un cambio que, según la abogada Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES, implica un "retroceso inadmisible" en materia de derechos.

La nueva normativa reemplaza al régimen vigente desde 1980, de carácter tutelar, y establece un esquema diferente para abordar los delitos cometidos por adolescentes. Vallino cuestionó que la reforma amplía de forma considerable la cantidad de chicos que pueden quedar sometidos al sistema penal.

Qué delitos podrían quedar alcanzados

Uno de los puntos que más preocupa es la ampliación del catálogo de delitos perseguibles. Conductas que antes no derivaban en la intervención de la Justicia Penal Juvenil ahora podrían generar una investigación y, en algunos casos, medidas restrictivas de la libertad.

Vallino ejemplificó con situaciones cotidianas de la escuela: una pelea entre estudiantes o el hurto de un objeto a un compañero podrían terminar en una denuncia penal. "Conductas leves como el hurto simple o lesiones simples, que en muchos casos son parte de situaciones que a diario suceden en los contextos escolares o de esa conflictividad adolescente, ahora podrían ser perseguidas a través de este nuevo régimen", explicó.

Para la especialista, este tipo de conflictos debería abordarse con herramientas educativas, sociales o comunitarias, y no trasladarse al ámbito penal.

Por qué ANDHES dice que no bajará la inseguridad

La organización sostiene que la reforma no tendrá un impacto real sobre los índices de criminalidad. Según Vallino, la participación de adolescentes de entre 14 y 16 años en el delito es "ínfima, muy insignificante", por lo que la baja de la edad mínima es una respuesta más simbólica que efectiva.

En Tucumán, el riesgo es que la ampliación del sistema penal profundice la exclusión y aumente la exposición de jóvenes de sectores vulnerables a intervenciones policiales.

Qué pasa si detienen a un adolescente

Vallino explicó que el alojamiento provisorio debe realizarse en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), un espacio especializado. Sin embargo, ANDHES denunció que durante sus monitoreos detectó casos de chicos alojados en comisarías comunes para adultos, algo prohibido.

Una vez en el CAD, el adolescente tiene derecho a comunicarse con su familia, contar con defensa técnica gratuita y conocer los motivos de la imputación en un plazo máximo de 24 horas.

El pabellón dentro de la cárcel de adultos

Otro punto que genera preocupación es el lugar donde están alojados los adolescentes privados de su libertad en la provincia. Vallino señaló que el dispositivo funciona dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde hay un pabellón destinado a menores dentro de una cárcel de adultos.

"Se trata de un pabellón más dentro de esa cárcel de adultos que incumple con todos los estándares que exigen espacios totalmente separados y especializados", afirmó. Para ANDHES, la privación de libertad debe ser excepcional, por el menor tiempo posible y con revisiones periódicas.

La protesta estudiantil, en la mira

La directora de ANDHES también alertó sobre el uso de figuras como "atentado o resistencia a la autoridad" en manifestaciones. Estudiantes que reclamen por las condiciones edilicias de sus escuelas podrían quedar expuestos a denuncias penales si las fuerzas de seguridad interpretan la protesta como resistencia.

Vallino sostuvo que este tipo de figuras suele derivar en detenciones que después se consideran arbitrarias o ilegales y terminan archivadas.

El reclamo internacional

ANDHES fundamenta sus críticas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Vallino recordó que organismos internacionales reclamaron a Argentina que abandone el modelo tutelar de 1980, pero se pronunciaron en contra de bajar la edad mínima.

"En 2024, el Comité de los Derechos del Niño le dijo claramente a la Argentina que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en los 16 años", señaló. Por eso, la organización considera que la reforma es regresiva y anticipó que la cuestionarán ante los tribunales.