Bajan la edad de imputabilidad a 14 años y en Copnaf advierten: "No hay ninguna posibilidad"
La baja de la edad de imputabilidad a 14 años ya rige en todo el país y en el Copnaf advierten que la planta actual no alcanza para atender lo que viene: quién se hará cargo de los chicos que determine la Justicia es la pregunta que el sindicato quiere responder antes de que aparezcan los primeros casos.
La Ley Nacional N° 27.801, que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, ya está vigente y en Entre Ríos enciende alarmas. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el Copnaf no está en condiciones de absorber el impacto con la planta que tiene hoy.
"No hay ninguna posibilidad de que este tema sea atendido con la planta actual del organismo", disparó Carina Domínguez, referente del sindicato, al exponer la inquietud que el gremio viene arrastrando desde hace más de un mes.
Qué dicen desde UPCN
Domínguez señaló que la cuestión está siendo abordada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, pero fue tajante: "No hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema".
La dirigente describió un escenario de sobrecarga. "Los promotores de derechos hoy están muy exigidos. Necesitan imperiosamente que se mire su función en el contexto del Copnaf", planteó, y aclaró que aunque "lo salarial es crucial", la discusión también abarca los derechos laborales del sector.
Para hacer frente a lo que dispone la normativa nacional, UPCN considera que haría falta un plantel con otro perfil. "Debería haber un personal específico con un perfil nuevo, una preparación bien pensada, que se encargue de la perspectiva de derechos pero también de la seguridad", sostuvo Domínguez.
Sin embargo, reconoció que esa definición todavía no existe: "No está definida ni discutida, tampoco tenemos precisiones. Y es un tema que necesitamos hablarlo".
Qué se sabe de la implementación en la provincia
El sindicato busca "generar instancias de conocimiento acerca de las medidas que podría llegar a tomar la provincia" y reclama que las entidades gremiales puedan "participar institucionalmente de este tipo de cuestiones que implican un impacto laboral directo".
En ese marco, Domínguez no descartó que en los próximos días se concrete una reunión para conocer los avances y cómo se proyecta aplicar la ley nacional en Entre Ríos.
La dirigente también hizo referencia a un encuentro que autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario mantuvieron con una ONG chilena, con el objetivo de interiorizarse sobre metodologías de trabajo y herramientas para instrumentar los cambios que propone la normativa.
Las dudas por las obras y quién atiende
Domínguez apuntó contra el Presupuesto 2027, donde figuran "dos obras de ampliación relacionadas con este tema, que no sabemos exactamente cuál es la consigna, porque no puede ser simplemente agregar una habitación".
Para la sindicalista, la infraestructura por sí sola no resuelve el problema: "En el caso de que se hiciera una obra, eso no solucionaría la atención de esta situación". Y volvió sobre la principal inquietud del gremio: "A UPCN lo que más le preocupa es quién se va a hacer cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia".
"Estamos preocupados, es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado. Hasta ahora, por lo que sabemos, no ha habido casos. Pero no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer", cerró Domínguez.
