Balcarce 740: la Justicia avanzó sobre siete ex policías y un dato del operativo que cambió la causa

El Juzgado Federal Nº4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento de siete exintegrantes del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La resolución, fechada el 22 de octubre, alcanza a hechos vinculados con los operativos desplegados en diciembre de 1976 en un domicilio de calle Balcarce al 700 de Rosario.

Los acusados son Jorge Alberto Fariña, del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, y Mario Alfredo Marcote, José Carlos Scortechini, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcidez Ibarra, Ernesto Vallejo y Ramón Rito Vergara, todos integrantes del Servicio de Informaciones de la Policía provincial.

Qué se logró reconstruir

La investigación de la unidad fiscal especializada en delitos de lesa humanidad, a cargo de Adolfo Villatte, permitió reconstruir la intervención de personal policial y militar en los hechos. Para llegar a esa conclusión, la resolución valoró declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares, documentación periodística de la época, partes militares e informes de inteligencia policial, además de otros elementos documentales incorporados a la causa.

Ese conjunto probatorio permitió reconstruir las características del procedimiento, la magnitud del despliegue de las fuerzas de seguridad y las consecuencias que tuvo para las personas que se encontraban en el departamento. También posibilitó analizar el lugar que ocupaba el Destacamento de Inteligencia 121 en la estructura represiva y su intervención en el operativo.

El operativo de Balcarce 740

Según se determinó provisoriamente, el 31 de diciembre de 1976 un operativo conjunto de integrantes del Ejército y de la Policía de Santa Fe en un departamento de calle Balcarce 740 de Rosario culminó con la muerte de Claudia Omar, María Cristina Lucchesi, Ana María Teresa Drago, Osvaldo Antonio Lindner y Daniel Hugo Cambas.

En el mismo hecho sufrió graves lesiones el entonces niño Cristian Horton, de cinco años, único sobreviviente. Además, fue separado de su familia y mantenido bajo custodia sin que se informara su paradero.

La investigación también reconstruyó la privación ilegal de la libertad de Gabriel Omar y Stella Maris Báez, quienes fueron trasladados y mantenidos en cautiverio clandestino en el centro de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. Los hechos evidencian la actuación coordinada de fuerzas militares y policiales en ese marco represivo.

Una trama de persecución extendida

La resolución profundiza la reconstrucción de hechos que forman parte de una misma trama histórica de persecución clandestina desplegada durante la última dictadura. La investigación de estos episodios resulta relevante no solo para determinar las responsabilidades individuales, sino también para esclarecer las modalidades de actuación, los vínculos funcionales y la intervención de distintas estructuras estatales en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En ese marco, el documento señala que la mayoría de las víctimas eran familiares de otras víctimas del terrorismo de Estado, circunstancia que da cuenta de la persecución extendida que se llevó adelante.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.