Bariloche: el negocio inmobiliario de 3 millones de dólares que terminó con su desarrollador imputado
Un loteo de 108 hectáreas al sur de Bariloche, un negocio de 3 millones de dólares y un desarrollador que ya acumula una condena. La Justicia lo volvió a imputar por cómo vendió tierras antes de pagar lo pactado, y lo que declaró frente al juez no deja dudas de su postura.
El empresario inmobiliario Gabriel Di Tullio volvió a sentarse frente a un juez en Bariloche. Esta vez, la imputación que lo alcanza es por defraudación en la venta irregular de tierras del proyecto Laderas del Carbón, un loteo que iba a desarrollarse al pie del cerro que cierra el ejido por el sur, sobre una fracción indivisa de 108 hectáreas y con un valor de negocio estimado en 3 millones de dólares.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Di Tullio tomó la palabra para defenderse: sostuvo que no violó nada de lo pactado con los propietarios originales de la parcela, hoy denunciantes en la causa.
Qué dice la acusación del fiscal
El fiscal Guillermo Lista repasó en detalle los hechos que sostienen la acusación y encuadró la conducta del imputado como “defraudación por desbaratamiento de derechos”. Según planteó, Di Tullio vendió parte del fraccionamiento sin estar habilitado para hacerlo, porque todavía no había cumplido con los compromisos asumidos con los dueños originales del terreno.
El punto de partida fue un contrato de fideicomiso y garantía firmado “mediante escritura pública” el 19 de octubre de 2022. En ese instrumento, Di Tullio se constituyó como “fiduciante inversor” para desarrollar el proyecto urbanístico y tramitar los permisos administrativos necesarios.
El precio de venta quedó fijado entre las partes en 3 millones de dólares, a pagar en varias cuotas. El primer desembolso comprometido era de 480 mil dólares, con vencimiento en octubre de 2024, dos años después de la firma. Sin embargo, según el fiscal, antes de esa fecha el imputado concretó varias cesiones a terceros, pese a que el contrato le vedaba expresamente “prevender ningún lote ni unidad funcional hasta el primer pago”.
La acusación describe que Di Tullio “comenzó a comercializar y a generar derechos a terceros” en presunta violación de lo convenido. Entre las operaciones mencionadas, Lista detalló un boleto de compraventa por el 20% de la fracción, por 1.138.000 dólares, dinero que —según el fiscal— “no fueron aplicados al pago de la primera cuota” ni a inversiones en infraestructura. A otro inversor le vendió el 50% “indiviso” del inmueble por 1 millón de dólares, operación con la que “lo sacó del patrimonio de la fiduciaria”.
Para el ministerio público, Di Tullio conocía las condiciones y restricciones que pesaban sobre el inmueble, y aun así “realizó sucesivamente actos de disposición, ventas, transferencias y gravámenes sobre el inmueble y sobre la sociedad de la que era titular, generando derechos a terceros” en perjuicio de los vendedores originales. El fiscal pidió un plazo de investigación de cuatro meses.
Querella y defensa, sin oposición a los cargos
El querellante que representa a los damnificados, Tomás Soto, expresó su coincidencia con la acusación del ministerio público. El defensor Sebastián Arrondo tampoco se opuso a la formulación de cargos, aunque marcó diferencias sobre las responsabilidades que se le atribuyen a su cliente: aseguró que existen constancias de pagos menores hechos antes de la llamada “primera cuota” que no fueron incluidas entre las evidencias.
El propio imputado ejerció su derecho a declarar y afirmó que su intervención estuvo ajustada a derecho. “No hice ningún movimiento que estuviera prohibido en el contrato”, sostuvo. Según su versión, hay un boleto de compraventa que lo habilitaba para gestionar y prevender, “al que nadie hizo mención”.
Di Tullio también se refirió a las características del proyecto: dijo que Laderas del Carbón, tal como fue planificado, es “complejo desde el punto de vista urbanístico” por la zona de emplazamiento. Contó que en su momento lo presentó al municipio en el marco de la emergencia habitacional y que había cumplido con los requisitos ambientales, pero que cuando apareció la denuncia todo el proceso se paralizó.
El juez validó los cargos y el plazo
El juez de garantías Víctor Gangarrosa convalidó la formulación de cargos y el tiempo de investigación solicitado por el fiscal. La defensa explicó que tenía elementos para oponerse, pero optó por aceptar lo pedido con la idea de aprovechar el plazo de investigación preliminar para reunir prueba de descargo y, llegado el caso, pedir una reformulación anticipada.
El antecedente que ya lo tuvo condenado
No es la primera vez que Di Tullio queda envuelto en un proceso judicial por operatorias con lotes. En abril pasado fue condenado a tres años de prisión en suspenso por administración fraudulenta, en un juicio que evaluó su responsabilidad penal en la venta de once lotes de la urbanización Solares. Su abogado Arrondo recurrió para intentar revertir la sentencia, pero el fallo ya fue ratificado por el Tribunal de Impugnación y por el Superior Tribunal de Justicia.
Aquella causa se remonta a una operación de venta de terrenos de 2021, en la que Di Tullio dispuso de lotes que pertenecían al inversor Fernando Boudourian, a quien —según la sentencia— le causó un importante perjuicio patrimonial con compraventas hechas a sus espaldas.
