Bariloche: el reclamo que incomoda a Nación por el vertedero

El abogado y candidato a convencional constituyente por Bariloche, Alejo Ramos Mejía, cuestionó con dureza al Estado nacional por la situación del vertedero local y le exigió que deje de mirar para otro lado. Según planteó, la Nación tiene obligaciones legales concretas que no puede ignorar.

“El artículo 41 de la Constitución Nacional obliga a las autoridades a proteger el ambiente. Y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675 establece expresamente que la Nación tiene la obligación de colaborar y, cuando sea necesario, intervenir complementariamente”, sostuvo el letrado.

En esa línea, Ramos Mejía sumó otro argumento: la Ley Nacional 25.916, que regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), también le asigna al Estado nacional funciones específicas en políticas ambientales, coordinación y asistencia técnica.

El antecedente que complica a la Nación

El candidato recordó que no se trata de una discusión teórica. “Pero además hay un antecedente concreto: la Nación participó en el financiamiento de las obras del vertedero de Bariloche, mediante el programa GIRSU y fondos del BID”, subrayó.

Para Ramos Mejía, ese dato desarma cualquier intento de desligarse. “La Municipalidad tiene responsabilidades directas, pero eso no libera a la Provincia ni a la Nación de las obligaciones que les corresponden. No se trata de buscar a quién echarle la culpa, sino de exigir que cada nivel del Estado haga lo que la ley le manda”, afirmó.

El pedido directo a los funcionarios nacionales

En el tramo final de su reclamo, el abogado apuntó contra la gestión comunicacional del Gobierno nacional y pidió hechos concretos. “El vertedero está en Bariloche, pero la obligación de proteger el ambiente no termina en los límites de nuestra ciudad. A los funcionarios de Nación les pedimos que hagan menos reels y trabajen más para dar solución al vertedero de Bariloche. La Nación también tiene que ser parte de la solución”, concluyó.

La postura de Ramos Mejía pone el foco en un problema ambiental que sigue sin resolución definitiva y que, según advierte, excede las posibilidades del municipio. El reclamo apunta a que la Nación asuma el rol que, sostiene, le marcan tanto la Constitución como la legislación específica en la materia.