Bensusán alerta por la ciudadanía por inversión: el vacío legal que puede abrir la ley de tierras
Un mecanismo creado por decreto puede dejar sin efecto los límites a la compra de tierras por extranjeros, y un senador pampeano ya encendió la alarma. La advertencia llega justo después de una decisión de la Corte Suprema que reavivó el debate por el territorio.
El senador nacional del peronismo de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, puso el foco en un mecanismo que, según advirtió, puede sortear los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros: la ciudadanía por inversión.
Sus declaraciones se conocieron luego de que la Corte Suprema suspendiera la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Esa decisión judicial devolvió de manera provisoria los límites a la adquisición de campos por parte de personas extranjeras.
Sin embargo, Bensusán sostuvo que hay otro punto que exige atención inmediata. "El DNU 366/25 y el Decreto 524/25 crearon la ciudadanía por inversión. Un extranjero podría naturalizarse argentino mediante una inversión y, en principio, dejar de estar alcanzado por los límites de la Ley de Tierras", explicó el legislador.
El senador pampeano remarcó que ese mecanismo se encuentra cuestionado en la Justicia y que sus efectos necesitan controles específicos. "El mecanismo está cuestionado judicialmente y sus efectos requieren controles", afirmó.
El debate de fondo
Para Bensusán, la discusión excede la pregunta sobre quién compra un campo. "No discutimos solamente quién compra un campo. Discutimos cómo se protege el territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de nuestras provincias", planteó.
Y cerró con una definición política: "La soberanía también se defiende con leyes, controles y decisiones que protejan el patrimonio nacional".
La advertencia del senador llega en un contexto de marchas y contramarchas judiciales por la Ley de Tierras. La suspensión dispuesta por la Corte Suprema mantiene vigente, por ahora, el esquema que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras el debate sobre la ciudadanía por inversión sigue abierto.
