Bensusán descubrió la puerta que podría dejar la Ley de Tierras sin efecto

El senador nacional Daniel Bensusán (peronismo, La Pampa) puso el foco este viernes sobre un mecanismo que, según advirtió, podría vaciar de contenido los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Se trata de la ciudadanía por inversión, creada por el DNU 366/25 y el Decreto 524/25.

La advertencia llegó después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una medida cautelar interina que volvió a poner en vigencia las restricciones de la Ley de Tierras, que habían quedado sin efecto por un fallo del tribunal de la semana anterior.

El mecanismo que preocupa al senador

Bensusán celebró la cautelar, pero advirtió que el debate no termina ahí. "La Corte Suprema suspendió hoy la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Milei. Vuelven a aplicarse, provisoriamente, los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Pero hay otra cuestión a la que le debemos prestar mucha atención. El DNU 366/25 y el Decreto 524/25 crearon la ciudadanía por inversión", planteó.

Según el senador, ese régimen abre una vía para sortear las restricciones: "Un extranjero podría naturalizarse argentino mediante una inversión y, en principio, dejar de estar alcanzado por los límites de la Ley de Tierras. El mecanismo está cuestionado judicialmente y sus efectos requieren controles".

Y amplió el alcance de la discusión: "No discutimos solamente quién compra un campo. Discutimos cómo se protege el territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de nuestras provincias".

Para cerrar, el legislador pampeano sentenció: "La soberanía también se defiende con leyes, controles y decisiones que protejan el patrimonio nacional".

Qué dice la cautelar de la Corte

La medida cautelar restableció de manera provisoria las restricciones que habían caído tras el fallo del martes de la semana pasada. Ese día, por una cuestión procesal, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, la norma que derogó la Ley de Tierras.

Aquella resolución, sorpresiva en una causa que llevaba más de dos años pendiente, desató una ola de críticas, obligó a integrantes del tribunal a emitir una inusual aclaración pública y llevó a la oposición a amenazar con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023, y no solo el artículo 154. El bloque opositor anunció que buscará concretarlo en una sesión especial el jueves 15 de octubre.

La nueva decisión de la Corte podría servirle al Gobierno para desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior.

Quiénes firmaron y qué falta definir

La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El fallo respondió a un planteo de la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron a la Corte aclarar si la sentencia de la semana anterior también implicaba un rechazo al amparo que habían presentado contra la derogación de la Ley de Tierras.

El tribunal no resolvió si los demandantes están legitimados para promover el amparo ni se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU de Milei. En cambio, remitió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició el expediente, para que se analice la legitimación de los actores y su pedido de medida cautelar.