El diputado salteño contó en radio que se modificaron 18 de los 23 artículos del proyecto de Emergencia en Discapacidad. Qué pasa con la pensión si la persona empieza a trabajar y cómo se actualizarían los pagos a los prestadores: los detalles que reveló.
El diputado nacional por Salta Bernardo Biella contó en radio cómo quedó el proyecto de Emergencia en Discapacidad que se debate en el Congreso: según dijo, se modificaron 18 de los 23 artículos del texto original. La intención, explicó, es dar previsibilidad a las familias, sostener el pago de las pensiones y mejorar la situación de los prestadores.
En diálogo con Efecto Dominó por Radio LUP 94.7, el legislador señaló que el proyecto se armó con aportes de organizaciones de personas con discapacidad, familiares, prestadores y legisladores de distintos bloques. “Le modificamos 18 de los 23 artículos del proyecto original”, afirmó, y subrayó que las propuestas nacieron de las necesidades de quienes atraviesan estas situaciones a diario.
Trabajar sin perder la pensión: cómo funcionaría
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de que las personas con discapacidad ingresen al mercado laboral sin que se les caiga automáticamente el beneficio. La iniciativa prevé que quienes cobren hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles puedan trabajar mientras la pensión queda suspendida de forma temporal.
“Hay algo que se llama laborterapia, que es la posibilidad de que vos te sientas útil. Es una herramienta fundamental”, sostuvo Biella. Y agregó que, si la persona deja el empleo o sus ingresos bajan del límite fijado, la pensión se restablece sola, sin trámites extra: “En el momento que gane menos, ARCA inmediatamente, sin ningún trámite, le restablece el beneficio de la discapacidad”.
Para el diputado, esta medida es clave para quienes viven lejos de los centros administrativos. “Ellos piensan en Buenos Aires. Nosotros pensamos en Santa Victoria, pensamos en Iruya, porque vivimos en el interior profundo”, manifestó.
Prestadores: actualización cada tres meses
Otro de los ejes es la economía de los profesionales e instituciones que atienden a personas con discapacidad. Según Biella, muchos arrastran valores congelados desde 2023, lo que complica sostener servicios como traslados, transporte o cambios de sondas. Por eso se reforzó el nomenclador y se sumó un mecanismo de actualización trimestral atado a la inflación.
“Si no hay inflación, no se va a actualizar, pero si hay inflación, se actualiza de manera trimestral”, explicó. El objetivo es que los prestadores no sigan trabajando con montos atrasados y que la atención no se interrumpa.
Salud mental: “Las enfermedades se tratan en los hospitales, no en las cárceles”
En la entrevista, Biella también se refirió a su proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, que presentó cuando asumió como diputado. La propuesta busca ampliar las herramientas de atención para personas con consumos problemáticos, incluidos niños y adolescentes, y contemplar situaciones de ludopatía.
“Las enfermedades se tratan en los hospitales, no en las cárceles”, afirmó, y advirtió que hoy hay dificultades para asistir e internar a quienes atraviesan urgencias. El legislador señaló que su iniciativa podría unificarse con otra presentada por el oficialismo en el Senado, y planteó que la recuperación debe venir acompañada de oportunidades educativas y laborales para facilitar la reinserción social.
PAMI y clínicas privadas
Biella también habló de la situación financiera de clínicas y sanatorios que trabajan con PAMI y otras obras sociales. Mencionó un aumento del 110% en los honorarios de PAMI, pero aseguró que persisten desfasajes importantes que afectan la prestación de servicios.
En ese marco, rechazó las versiones sobre un supuesto perdón impositivo a los sanatorios privados y aclaró que su proyecto de Sostenibilidad Sanitaria busca que las instituciones regularicen una deuda de 37,5 billones de pesos acumulada durante 26 años. Según explicó, la iniciativa no contempla subsidios ni condonaciones, sino un mecanismo para que las clínicas puedan pagar sus obligaciones sin poner en riesgo su funcionamiento ni las cuentas públicas. El objetivo, remarcó, es sostener el funcionamiento de los centros de salud y garantizar que puedan seguir atendiendo a los pacientes.