Bienes decomisados: el plan para convertirlos en ayuda social que impulsa Malena Galmarini
¿Sabías que los bienes decomisados podrían convertirse en ayuda para los más necesitados? Conocé el proyecto de Malena Galmarini que promete cambiar las reglas del juego.
La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto de ley que podría cambiar el destino de los bienes incautados a la delincuencia. La iniciativa busca crear una agencia provincial para administrar esos activos y destinarlos a reparar a las víctimas y fortalecer organizaciones comunitarias.
La propuesta, que ya genera debate en el ámbito político, apunta a que vehículos, propiedades y otros bienes vinculados a actividades criminales se transformen en recursos sociales y económicos para sectores vulnerables. Según la legisladora, el recupero de estos bienes permitiría al Estado reparar daños sufridos por las víctimas directas e indirectas de la delincuencia.
¿Cómo funcionaría la nueva agencia?
El proyecto prevé que la Agencia funcione como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuente con un Consejo Provincial Asesor. Además, se propone la creación de una comisión bicameral de fiscalización para garantizar transparencia y respeto de las garantías constitucionales.
Galmarini resaltó antecedentes internacionales como la agencia italiana ANSBC, que ya aplica este modelo con éxito. En ese marco, advirtió que Argentina necesita un abordaje integral frente al crimen organizado, y que esta medida podría ser un paso clave para transformar bienes ilícitos en herramientas de inclusión y desarrollo social.
La iniciativa se inscribe en un debate más amplio sobre cómo reutilizar los activos decomisados, con miras a consolidar una política de largo plazo en la provincia de Buenos Aires. La senadora busca así dar un nuevo destino a lo que antes quedaba en manos del Estado sin una función social clara.
El proyecto ya comenzó a circular en el ámbito legislativo y se espera que genere discusión en los próximos meses. Mientras tanto, organizaciones sociales y víctimas del delito siguen de cerca una propuesta que podría marcar un antes y un después en la gestión de los bienes incautados.