Blindaje anticorrupción: durísima advertencia a Milei por los familiares de funcionarios en la Ley de Inocencia Fiscal

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, puso al gobierno de Javier Milei contra las cuerdas: le envió una carta documento al presidente para que dé marcha atrás con su intención de incluir a funcionarios y sus familias en la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. La legisladora no descarta ir a la Justicia si la Casa Rosada insiste con el proyecto.

La intimación, fechada el 27 de julio, exige al mandatario que “se abstenga de proponer, impulsar y llevar adelante tratativas por sí o por interpósitas personas” para lograr la aprobación legislativa de la iniciativa. Según Frade, la modificación “comportaría una efectiva regresión en las políticas anticorrupción” y violaría estándares internacionales que Argentina incorporó a su legislación.

¿Quiénes fueron los otros notificados?

La diputada no se limitó a Milei. También envió cartas documento a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; a Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado; y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. A todos les advirtió sobre las consecuencias de impulsar gestiones para facilitar el tratamiento de la reforma en el Congreso.

En el escrito dirigido al jefe de Estado, Frade sostiene que la reforma chocaría de frente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Recomendación 12 del GAFI, la Convención de la OCDE y la Ley de Ética Pública. La legisladora dejó constancia de que, si el Ejecutivo avanza, iniciará las acciones judiciales que considere necesarias.

UIF y Oficina Anticorrupción, en la mira

En paralelo, Frade presentó notas formales ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción para que ambos organismos se expidan sobre la compatibilidad del proyecto con las leyes vigentes y los compromisos internacionales.

Ante la Oficina Anticorrupción, la diputada pidió que se determine si la reforma, que extendería beneficios fiscales excepcionales y debilitaría los mecanismos de prevención e investigación de corrupción, es compatible con la Ley N.º 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Solicitó además un dictamen urgente por la inmediatez del tratamiento legislativo.

En la presentación ante la UIF, Frade requirió que se evalúe si incluir a funcionarios y familiares como beneficiarios del régimen de excepcionalidad cumple con las recomendaciones del GAFI, especialmente las referidas a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). También pidió un pronunciamiento sobre el impacto en las obligaciones del país frente a la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ya que una flexibilización alcanzaría a sujetos considerados de alto riesgo.