En junio de 2020, un bloqueo paralizó los accesos a la planta de Razzini y terminó catapultando a Verónica Razzini a una banca en el Congreso. Seis años después, la Justicia resolvió quiénes fueron los responsables de aquel piquete... y la firma que lo denunció hoy atraviesa un escenario muy distinto.
Un tribunal colegiado de Santa Fe condenó a dos personas a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de turbación de la posesión en perjuicio de Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL. La resolución, firmada por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, también absolvió a un tercer imputado al aplicarle el beneficio de la duda.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Germán Mazzoni, quien situó los hechos entre el 8 y el 29 de junio de 2020. Según la investigación, en ese lapso los condenados realizaron actos de amedrentamiento y acciones de fuerza en los accesos a los establecimientos de la firma con el objetivo de paralizar su actividad, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de carga y descarga de materiales. Se trató de una protesta gremial que la patronal cuestionó y llevó a la Justicia.
El episodio del 25 de junio
El expediente incluyó además un hecho registrado el 25 de junio de aquel año. De acuerdo con la acusación, dos de los investigados amenazaron a un tercero con represalias físicas hacia su persona y su entorno para evitar que interviniera en el conflicto.
De un piquete a un movimiento nacional
Aquel bloqueo prolongado excedió el terreno judicial y laboral: fue el punto de partida del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), un frente de patronales que alcanzó fuerte visibilidad en todo el país e impulsó la figura pública de la empresaria Verónica Razzini, quien más tarde llegó a ocupar una banca como diputada nacional.
El presente judicial de la firma
La sentencia llega en un contexto muy diferente para el grupo empresarial. Después de aquel episodio que modificó la dinámica de los conflictos sindicales en la región, las firmas entraron en un concurso preventivo de acreedores. En ese marco, la propia conducción de la empresa quedó bajo la lupa de una investigación penal por estafa.
