Boletas de $600 mil y una toma de escuela: la doble crisis que complica a Jalil en Catamarca
Boletas de luz impagables, una escuela tomada y un gobernador en la mira. ¿Qué encontró la Defensoría del Pueblo en los informes que le exigió a Jalil?
Mientras los vecinos de Catamarca intentan asimilar facturas de luz que en algunos casos superan los $600 mil, la gestión de Raúl Jalil suma otro frente de conflicto: padres tomaron una escuela para exigir explicaciones por los fondos del comedor. El defensor del Pueblo ya le pidió informes al gobernador.
¿Qué reclama la Defensoría del Pueblo?
El defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, formalizó un pedido de informes a la empresa EC Sapem y elevó una presentación al Ministerio de Desarrollo Productivo. El motivo: los aumentos de hasta 150% que golpearon los bolsillos de los usuarios.
Según pudo saberse, hay vecinos que recibieron boletas por montos que van desde los $380 mil hasta los $600 mil. Ante este escenario, Mera fue contundente: “hay un número de usuarios que no pueden pagar la tarifa”.
El funcionario aclaró que todavía debe determinarse si esos valores responden exclusivamente al nuevo cuadro tarifario, al mayor consumo registrado durante junio y julio, o a casos puntuales de sobrefacturación y errores de lectura. La incertidumbre es total.
La protesta que no para en Belén
La semana pasada, los vecinos de Belén salieron a la calle para rechazar la fuerte suba de las tarifas de energía. Y anticiparon que no van a bajar los brazos hasta obtener una respuesta concreta.
Una jubilada que participó de las movilizaciones contó que recibió facturas de $380 mil y más de $400 mil. Pero no es un caso aislado: otros usuarios afrontan montos de $500 mil y $600 mil por cada período. Números que resultan imposibles de afrontar para la mayoría de las familias.
El otro frente: deuda y morosidad
En declaraciones a Radio El Esquiú 95.3, el representante de la Defensoría del Pueblo local vinculó el problema energético con el endeudamiento familiar. El organismo ya había advertido al Banco Central sobre el crecimiento de los créditos tomados para afrontar gastos cotidianos, y también cuestionó las tasas que cobran las billeteras virtuales.
Los números son alarmantes: Catamarca registró un 20,6% de irregularidad en el pago de deudas y quedó segunda entre las provincias más afectadas. Así lo refleja un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central.
El CEPA atribuyó este incremento de la mora al deterioro del poder adquisitivo. Según sus estimaciones, el salario real cayó 8,7% desde noviembre de 2023. Y si se utilizan ponderadores de consumo más actualizados, la pérdida alcanzaría el 18,7%. Una combinación letal.
Toma de escuela en Cóndor Huasi
Mientras tanto, en la localidad de Cóndor Huasi, padres de alumnos de la Escuela N.º 336 “Julio Ricardo Figueroa” tomaron el establecimiento este lunes. El reclamo: saber cómo se administraron las partidas destinadas al comedor escolar.
La protesta puso bajo presión a las áreas responsables de educación y asistencia alimentaria de la provincia. Las familias no presentaron una pericia que pruebe desvío de dinero, ni existe una resolución administrativa o judicial que establezca una irregularidad. Pero exigen saber cuánto recibió la escuela, qué conceptos se pagaron, quién autorizó las erogaciones y cómo se justificó el uso de las partidas mientras el servicio presencial estaba alterado.
Una supervisora educativa se encontraba en el establecimiento durante la medida, pero los padres la consideraron insuficiente y pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación. La toma es un mecanismo para forzar una respuesta provincial y obtener documentación sobre el circuito de los recursos.
El episodio golpea a la administración de Jalil porque el servicio forma parte de una política alimentaria que el Ejecutivo presentó como una de sus inversiones sociales centrales. En mayo, la Provincia anunció que el presupuesto mensual para comedores escolares pasaría de $438.618.000 a $1.079.908.560, una ampliación de $641.290.560 destinada a establecimientos de todo el territorio.