Borró su celular con una clave secreta y ahora la Justicia lo tiene en la mira

Un viajero estadounidense podría enfrentar hasta cinco años de prisión tras activar, con una contraseña, el borrado total de su teléfono durante un control aduanero. El caso, que ya generó debate sobre los límites de la privacidad, tiene un detalle que lo hace aún más polémico.

Samuel Tunick, residente de Atlanta, regresaba a su país el 24 de enero de 2025 cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo interceptaron en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. Según la defensa, los funcionarios le pidieron revisar su teléfono para verificar si contenía material de explotación sexual infantil, pero el hombre se negó y solicitó hablar con un abogado.

Los agentes, sin embargo, insistieron en que podían inspeccionar el dispositivo sin orden judicial por tratarse de un control migratorio. En ese contexto, Tunick entregó una contraseña que, al ser ingresada, provocó que la pantalla se apagara y el equipo se reiniciara, eliminando por completo toda la información almacenada.

¿Qué es la clave que borra todo?

El sistema operativo GrapheneOS, diseñado para Android, permite configurar un PIN de coacción distinto al habitual. Si alguien lo introduce, el teléfono borra de manera irreversible los datos y las eSIM, sin posibilidad de recuperación. Ese mecanismo fue el que utilizó Tunick, según los fiscales, quienes lo imputaron el 13 de noviembre de 2025 por destruir bienes para obstaculizar la labor del Gobierno.

La acusación se basa en una ley federal que castiga con multas y hasta cinco años de prisión a quien dañe o destruya bienes con el fin de impedir que las autoridades ejerzan su poder legal. La teoría de los fiscales sostiene que los datos del celular eran los bienes que buscaban incautar, y que el acusado los eliminó deliberadamente.

La defensa y el caso Cop City

Los abogados de Tunick, por su parte, argumentan que la inspección fue ilegal porque no había orden judicial y que se utilizó como excusa para investigar sus vínculos con el movimiento opositor al centro de entrenamiento policial Cop City. La Justicia deberá definir si la retención del equipo fue legítima, lo que podría afectar la validez de las pruebas y el futuro del proceso.

¿Qué pasaría en Argentina?

El caso plantea interrogantes sobre cómo se resolvería una situación similar bajo la legislación argentina. El abogado Michel Tork, especialista en derecho penal y tecnología, explicó a TN Tecno que “la regla general es que ninguna autoridad puede acceder al contenido de un teléfono celular sin una orden judicial previa y fundada”, amparado en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Según Tork, “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar la contraseña de su teléfono” porque eso implicaría colaborar en su propia incriminación. Incluso si la clave se entrega voluntariamente, el consentimiento puede ser cuestionado si hubo presión o engaño.

El especialista también señaló que el delito atribuido a Tunick no tiene un equivalente exacto en el Código Penal argentino. La figura más cercana es el artículo 255, que castiga la destrucción de objetos destinados a servir como prueba, con penas de un mes a cuatro años de prisión. Sin embargo, Tork opinó que “de haber ocurrido este hecho en la Argentina, no correspondería imputarle nada a la persona” si no existía una orden judicial previa que determinara el carácter probatorio del dispositivo.

La situación cambiaría si el teléfono ya hubiera sido incorporado formalmente a una causa. En ese caso, entregar una clave sabiendo que borraría todo el contenido podría considerarse una inutilización dolosa de objetos probatorios, según el abogado.