Bullrich destrabó la negociación con los aliados y la reforma política vuelve al Senado en septiembre

Patricia Bullrich destrabó las negociaciones con los aliados y confirmó que el debate por la reforma política volverá al Senado en septiembre. La senadora nacional de La Libertad Avanza logró calmar la propuesta de la senadora de Chubut, Edith Terenzi, que pedía fijar fecha para el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, una bandera del PRO que también acompañan los radicales.

Según aseguró Bullrich, en septiembre se reanudará el debate y se discutirá todo en un solo proyecto: Ficha Limpia y la posibilidad de eliminar las elecciones PASO. En el Gobierno sostienen que el eje central sigue siendo la eliminación de las primarias, y argumentan que las PASO obligan al Estado a financiar internas partidarias. "Debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal", plantean.

También proponen eliminar el financiamiento público de las campañas, aunque mantendrán los fondos destinados al funcionamiento institucional de los partidos. Además, se suman al debate modificaciones sobre la composición jurídica de los partidos políticos, la cantidad de afiliaciones necesarias para conservar la personería, restricciones a la participación extranjera en campañas y cambios en la elección del Parlasur.

La agenda de LLA

La Libertad Avanza apura el tratamiento de varios proyectos en el Congreso, concentrados mayoritariamente en el Senado. Allí están el super-RIGI, los cambios a la Ley de Biocombustibles y la Reforma a la Ley General de Sociedades. En los próximos días sumarán la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, sancionados la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Pero la Reforma Política es la iniciativa que desvela a la Casa Rosada de cara a la reelección del presidente Javier Milei. Allí están las urgencias de la Mesa Política que semanalmente se reúne en Balcarce 50, liderada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En esa agenda, Bullrich retomará la discusión, pese a que los gobernadores no le dieron luz verde al oficialismo en las constantes reuniones con el ministro coordinador. "Vamos a avanzar con las cuestiones técnicas del proyecto", aseguró Bullrich a la prensa.

"Necesitamos aprobar los proyectos, y para juntar los votos a veces hay que modificarlos y consensuarlos con los aliados", dicen en el entorno de la senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la manera de accionar de Bullrich y le ha dado resultados: logró la sanción de las iniciativas y mantuvo en equilibrio la relación con los sectores dialoguistas del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales.

Esa necesidad de convivencia parlamentaria llevó a Bullrich a tomar la decisión de abrir la comisión de Agustín Coto, una postura que ya venía conversando con los senadores aliados y con los ministros del Poder Ejecutivo.

El debate por la Reforma

Agustín Coto retomará el cuarto intermedio que su comisión decidió el 13 de mayo pasado. En esa reunión, de presentación del proyecto, los bloques de la UCR y del PRO pidieron discutir de manera separada el capítulo de Ficha Limpia, que implica una modificación a la Ley de Partidos Políticos para que los condenados por delitos dolosos en segunda instancia no puedan participar como candidatos.

El Gobierno insiste en que se debe tratar el paquete entero tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. En ese primer encuentro estuvo presente la diputada nacional Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Políticos que tenía bajo su órbita a la Dirección Electoral y que, desde el punto de vista político, responde a Karina Milei y al subsecretario Eduardo Lule Menem.

Coto llamará a los senadores a discutir todos los proyectos vinculados a cambios electorales, no solo el proyecto de Reforma del Gobierno. Aún no definió si habrá invitados a explicar las iniciativas. "Puede ser", fue la respuesta del senador fueguino. Pero sí está claro que abrirán el espacio para empezar a discutir los temas, más allá del futuro de las elecciones primarias.

Los aliados saben que si Bullrich, para lograr los objetivos de la Casa Rosada, debe legislar por separado los proyectos de eliminación de las Primarias y de Ficha Limpia, lo va a hacer. "Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos", dijo Bullrich el jueves último cuando se retiró del Parlamento.

Esa incertidumbre que tiene Bullrich representa la de todo el oficialismo. Avanza el calendario legislativo y los acuerdos aún no están cerrados entre las provincias y la Nación. Pese a los esfuerzos de Santilli y la Mesa Política, no hay una definición con los gobernadores, quienes tienen una injerencia directa con los senadores aliados a la Casa Rosada.

El PRO y la UCR reiteraron en numerosas oportunidades que no aceptarán eliminar las elecciones primarias. Incluso, el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, presentó un proyecto para modificar la ley y hacer que las Primarias sean optativas, quitándole la obligación al elector de concurrir a votar ese domingo. Pero "no aceptamos eliminarlas", dicen los representantes del centenario partido.

Para La Libertad Avanza, la bancada radical representa diez votos, mientras que el PRO suma tres. Sin esos 13 votos que acompañen al oficialismo, es difícil construir mayorías partiendo de los 21 senadores violetas que hay en el recinto del Senado.

La necesidad de mayorías

La Constitución Nacional es clara en relación con los cambios en las leyes electorales. Según el artículo 77 de la Constitución Nacional, cualquier modificación del régimen electoral debe aprobarse por mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Un número difícil de alcanzar sin consensos políticos, y es lo que hasta ahora no logra conseguir el presidente Javier Milei.

No es la primera vez que Milei intenta avanzar en ese sentido. En 2024 incluyó la eliminación de las PASO en la Ley Bases, pero el capítulo fue retirado para facilitar acuerdos. Un año después, en 2025, el Congreso solo logró suspenderlas por ese turno electoral, sin consenso para eliminarlas de forma definitiva.