Bullying en Salta: la Justicia intervino en 8 casos y ahora los padres pueden ir presos

El acoso escolar ya no es solo un problema entre alumnos. En el departamento Anta, la Justicia intervino en ocho casos de bullying durante este año, y la nueva ley apunta directamente a los padres que no cumplen con las medidas para frenar la violencia. La sanción puede llegar hasta 30 días de arresto.

La Asesora del Ministerio Público Pupilar de Joaquín V. González, Susana Zenzano Poma, confirmó que en lo que va de 2026 su dependencia tuvo que actuar en ocho establecimientos educativos de la zona. El dato salió a la luz en una entrevista con el programa Antena Infantil, donde la magistrada también advirtió sobre el incumplimiento de algunos progenitores.

¿Cuándo interviene la Justicia?

Según explicó Zenzano Poma, la intervención del Ministerio Público se produce cuando los acuerdos dentro de la escuela no prosperan o cuando los padres de las víctimas hacen la denuncia policial. El problema más común: los adultos responsables no cumplen con las medidas que se acordaron con las instituciones para detener las conductas violentas de sus hijos.

El protocolo está definido por la Resolución 115/26 del Ministerio de Educación de Salta. Ante un caso de bullying, la escuela debe convocar a los padres y, junto con un equipo interdisciplinario, analizar lo ocurrido y fijar compromisos concretos.

"Cuando esos compromisos no se cumplen y la situación de violencia continúa, intervienen las Asesorías", remarcó Zenzano Poma. En esas situaciones se convoca a una audiencia y se les recuerda a los progenitores sus obligaciones legales sobre el cuidado, supervisión y acompañamiento de sus hijos.

La nueva ley que pone el foco en los padres

La Ley 8530, que modificó el Código Contravencional de la Provincia, incorporó el artículo 88 bis: "Incumplimiento de los deberes parentales frente al acoso escolar". Está vigente desde mayo de 2026 y establece sanciones para el padre, madre, tutor o representante legal de un menor que, notificado formalmente, no tome las medidas de supervisión, contención o corrección requeridas.

La pena puede ser de hasta 30 días de arresto o una multa según lo que fija la normativa. Para Zenzano Poma, esta herramienta es un avance importante porque deja en claro que la responsabilidad no recae exclusivamente en las escuelas.

"Los padres tienen una responsabilidad concreta", enfatizó la asesora. Además, recordó que mantuvo reuniones con la senadora Alejandra Navarro, autora del proyecto, y destacó que el objetivo no es solo castigar, sino lograr que los adultos asuman un rol activo en la protección de los chicos.

La definición de bullying incluye maltrato físico, verbal o psicológico, de forma intencional y repetida, con un desequilibrio de poder. Los ocho casos de Anta reabren el debate sobre cómo abordar la violencia escolar de manera integral, con escuelas, familias, equipos profesionales y el Estado.