Buques que no obedezcan en el mar argentino: el plan del Gobierno para acortar el camino hacia los disparos

El Gobierno avanza en una reforma para que los procedimientos de interceptación y el eventual uso de la fuerza contra buques que ignoren órdenes en aguas bajo jurisdicción argentina sean más rápidos. La medida integra el capítulo de protección marítima de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y, según explican en Nación, apunta a recortar la cantidad de pasos que hoy deben cumplirse antes de determinadas medidas coercitivas.

La lógica es similar a la que el Ejecutivo prepara para la protección aeroespacial, donde también busca revisar la secuencia de decisiones previa al empleo de la fuerza. En el ámbito marítimo, el análisis abarca la detección, la intimación, la persecución, el abordaje y la eventual utilización de armas contra embarcaciones que desobedezcan instrucciones.

Cerca de quienes participan de la elaboración confirman que el nuevo marco no estaría limitado a amenazas militares externas. También podría alcanzar a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva y se nieguen a acatar las órdenes de las autoridades argentinas.

El punto obliga a una distinción: Argentina ya tiene herramientas para actuar contra esos buques. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada allí incluso si el buque llega a alta mar.

Qué dice el protocolo que ya está vigente

Desde 2018 existe un protocolo específico para los pesqueros extranjeros que incumplen la Ley Federal de Pesca. La secuencia contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si el buque mantiene una actitud de resistencia, el régimen permite escalar al uso de armas.

La norma diferencia entre disparos de advertencia, que no deben impactar sobre la embarcación, y disparos de invalidación, destinados a provocar un daño limitado que permita detenerla. Estos últimos requieren autorización de la Dirección de Operaciones y deben evitar afectar a las personas que están a bordo.

El protocolo fija además cinco criterios para el empleo de la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad. Es decir, el debate que abre ahora el Gobierno no pasa por autorizar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino por modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar su alcance.

El antecedente del Lu Yan Yuan Yu 010

Hay un caso extremo. En marzo de 2016, el guardacostas Prefecto Derbes persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010, detectado pescando ilegalmente dentro de la ZEE cerca de Puerto Madryn, que no acató las órdenes de detención. La tripulación fue rescatada.

Ese episodio ocurrió antes del protocolo hoy vigente y es uno de los antecedentes más relevantes para medir el alcance real de las facultades que ya posee el Estado. Prefectura registra además decenas de capturas de pesqueros extranjeros desde hace décadas, incluidos otros buques chinos.

Uno de los puntos que el Ejecutivo evalúa es la relación entre Prefectura, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo. El objetivo oficial es revisar en qué situaciones una actuación permanece dentro del ámbito policial y cuándo pasa a involucrar estructuras de Defensa. El contenido definitivo de esa cadena de mando todavía no fue difundido.

La Prefectura seguirá siendo un actor central porque es la autoridad marítima y ejerce funciones de seguridad de la navegación, policía judicial y control en espacios acuáticos. La Armada participa de tareas de vigilancia marítima y el Comando Conjunto Marítimo desarrolla operaciones permanentes de control y seguimiento del Atlántico Sur.

También está bajo evaluación endurecer el tratamiento jurídico de la pesca ilegal. En ámbitos navales circula la posibilidad de que determinados supuestos dejen de quedar únicamente dentro del régimen administrativo pesquero y pasen a configurar un delito penal. Esa alternativa está en análisis y no puede darse todavía por incorporada al texto.

Más presupuesto para vigilancia

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno refuerza los medios destinados a la vigilancia marítima. El Presupuesto 2027 autoriza operaciones de crédito por hasta US$1200 millones para dos fragatas multimisión y US$2300 millones para tres submarinos convencionales.

Para Prefectura, el proyecto presupuestario prevé $1,038 billones y establece entre sus objetivos incorporar y modernizar medios navales, aéreos y tecnológicos, además de fortalecer el Sistema Guardacostas y los centros de control del tráfico marítimo. El texto no determina en ese apartado cuántas unidades nuevas serán incorporadas durante 2027.

La reforma de protección marítima avanzará en paralelo con otra discusión distinta: la desregulación del transporte y la actividad portuaria. Ese paquete contempla cambios sobre cabotaje, practicaje y navegación comercial. El Gobierno sostiene que busca modificar regulaciones del sector; el conflicto por el decreto 690 mostró, sin embargo, resistencia de gremios y actores marítimos y obligó al Ejecutivo a suspender parte de esa avanzada.