Buscan bloquear celulares en las cárceles de Corrientes: los detalles del proyecto de LLA
La iniciativa busca adherir al protocolo nacional para bloquear las comunicaciones de los presos. Qué pasará con los agentes que faciliten el ingreso de teléfonos.
Un diputado correntino de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para que la provincia adhiera al sistema nacional de bloqueo de celulares en las cárceles. La iniciativa, que ya está en la Legislatura, busca aplicar en el Servicio Penitenciario provincial el protocolo que permite detectar y neutralizar las comunicaciones móviles no autorizadas de los internos.
La propuesta se apoya en la Resolución N° 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y apunta a impedir que las personas privadas de la libertad usen teléfonos para coordinar delitos desde los penales. Según el legislador, esos dispositivos sirven para extorsiones, intimidaciones, estafas y otras maniobras vinculadas con organizaciones delictivas.
Quién controlará el sistema
El proyecto establece que el Ministerio de Seguridad de Corrientes será la autoridad de aplicación. Ese organismo tendrá a su cargo la instalación, el monitoreo y el mantenimiento de los equipos de detección en las zonas restringidas. Además, podrá pedirle a las empresas de telecomunicaciones que bloqueen los IMEI e IMSI que aparezcan de manera irregular.
Uno de los puntos centrales es que la tecnología sea georreferenciada con precisión. La idea es que no se afecten las comunicaciones del personal penitenciario, judicial y sanitario en los sectores autorizados, ni el servicio de los vecinos que viven cerca de los establecimientos.
Sanciones para agentes y destino de los celulares
La iniciativa también endurece las medidas disciplinarias dentro del Servicio Penitenciario. Los agentes o funcionarios que faciliten, ingresen, encubran o toleren la tenencia de celulares por parte de los internos podrían recibir sanciones de cesantía o exoneración.
Además, todo dispositivo secuestrado en las zonas restringidas deberá ser remitido de inmediato a la autoridad judicial para su análisis forense y posterior archivo o destrucción, según la normativa vigente.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo provincial a firmar convenios con el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones y las empresas de telecomunicaciones para implementar el sistema. También prevé las adecuaciones presupuestarias necesarias para ponerlo en marcha.
