Cada bonaerense recibe un 40,6% menos de fondos que el promedio del país

Buenos Aires arrancó octubre con dos realidades que corren por carriles distintos. Por un lado, una gestión que pelea por recursos, empleo y escuelas. Por el otro, una dirigencia que ya juega al tablero electoral para ver quién conduce la Provincia después de Axel Kicillof. La semana dejó a la vista esa convivencia incómoda: las urgencias de la gestión no esperan, pero buena parte de la política mira para otro lado.

La brecha que no se cierra

El informe de agosto de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado puso números a una asimetría que viene de lejos. Buenos Aires tiene el 38,19% de la población del país, pero apenas recibió el 22,69% de las transferencias consideradas, que incluyen coparticipación, regímenes especiales y compensaciones.

La provincia lidera los montos totales por puro tamaño, pero cuando el reparto se mide por habitante la foto cambia: cada bonaerense percibió un 40,6% menos que el promedio de las jurisdicciones. La estructura de distribución, anterior al actual gobierno nacional, se alivia con compensaciones que no corrigen el fondo del problema.

La proyección hacia adelante no mejora el panorama. El análisis del gasto territorializado del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 indica que Buenos Aires recibiría alrededor de $80 por habitante por cada $100 del promedio nacional. Son mediciones distintas —que no deben sumarse—, pero ambas confirman que la Provincia queda por debajo de su peso demográfico, con brechas tangibles en educación e infraestructura.

Industria que repunta, empleo que no

El informe de la Uipba mostró una recuperación industrial del 3% entre enero y mayo respecto del mismo período de 2025, pero el crecimiento se concentró en apenas cuatro de las once ramas relevadas. El repunte convive con una pérdida de empleo: en mayo, el sector privado registrado bonaerense tuvo 5.046 puestos menos que en abril. El último dato industrial disponible, del cuarto trimestre de 2025, también marcó caída interanual.

La explicación es sectorial. Las actividades que mejoran no necesariamente demandan tanto personal como las que retroceden, y por eso la recuperación de un índice no alcanza para describir lo que pasa en los hogares. La debilidad del empleo y del consumo puede limitar la recaudación propia y, al mismo tiempo, aumentar los pedidos de asistencia. La Provincia queda así expuesta a una presión doble: menos ingresos y más servicios que sostener.

El paro docente y el miedo en las aulas

El paro docente sumó otra urgencia. La protesta respondió a las agresiones contra trabajadores de la educación y puso en primer plano el temor con el que se desarrolla la actividad escolar, más allá de que el tema salarial sigue latente de fondo. Los gremios informaron adhesiones superiores al 95% y reclamaron acciones provinciales concretas.

El caso “Chocolate” Rigau y la pregunta incómoda

En ese contexto, la controversia por el caso “Chocolate” Rigau instaló una pregunta inevitable sobre el manejo del dinero público. La denuncia del juez Guillermo Atencio por una posible obstrucción a la investigación y la respuesta de Diputados abrieron una disputa institucional. La Cámara sostiene que el archivo de actuaciones fue anterior al requerimiento judicial invocado y defiende la protección constitucional de los votos legislativos. La existencia de un delito deberá esclarecerse en la Justicia.

La dimensión política, en cambio, ya está planteada. Autoridades y jefes de bloque de distintos partidos coincidieron en la defensa de la Cámara, una unidad que contrasta con las divisiones que atraviesan casi todos los demás asuntos. La autonomía legislativa merece protección; también la investigación sobre las contrataciones y el circuito de cobro de salarios que expuso Rigau. El reclamo bonaerense por un reparto más justo conserva su legitimidad, pero vuelve más exigente la obligación de explicar cómo se usan los recursos disponibles.

Kicillof, Manzano y la danza de los vínculos

Mientras tanto, Kicillof busca ampliar sus interlocutores. Su foto con José Luis Manzano llamó la atención por la trayectoria política del empresario y sus intereses en sectores regulados y servicios públicos. El encuentro no demuestra por sí mismo una alianza ni un acuerdo comercial, pero sí abre una discusión sobre los vínculos que el gobernador construye en una etapa donde combina necesidades de gestión con aspiraciones nacionales.

Ese movimiento convive con la presión del cristinismo. La afirmación de Máximo Kirchner sobre la voluntad de su madre de volver a ser candidata tiene efectos internos aun con el obstáculo de su inhabilitación. Mantiene a Cristina en el centro de la escena y discute, de manera indirecta, la posibilidad de que Kicillof ordene al peronismo detrás de su proyecto. La viabilidad jurídica y la eficacia política de ese anuncio son cuestiones diferentes.

Tironeos en la oposición

La oposición tampoco tiene resuelta su construcción. Las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO exhiben la distancia entre acompañar al Gobierno en el Congreso y acordar una oferta electoral bonaerense. El macrismo busca preservar identidad y participación; el armado libertario pretende conducir la alianza. La eventual candidatura de Diego Santilli se inscribe en esa tensión.

El radicalismo intenta intervenir desde otro lugar. El reclamo para que Diputados trate y rechace el DNU 70/23, reactivado por la controversia sobre la Ley de Tierras, expresa una búsqueda de posición institucional frente al Gobierno. También expone la dificultad de transformar esa postura en una acción común dentro de una fuerza fragmentada. El expediente promovido por el CECIM de La Plata conecta esa discusión nacional con una iniciativa nacida en la capital bonaerense.