Cada dos horas, un sanjuanino cae en la trampa: las dos respuestas que se discuten en la Legislatura

La ciberdelincuencia dejó de ser una amenaza abstracta en San Juan. En promedio, cada dos horas un vecino cae en manos de una estafa telefónica o digital, y la Legislatura provincial ya tiene sobre la mesa dos textos que buscan frenar el fenómeno con prevención, educación y asistencia a las víctimas.

Los proyectos conviven en la Cámara de Diputados con orígenes distintos pero un mismo objetivo de fondo. Uno lo empujó la diputada provincial Cristina López, del Bloque Justicialista. El otro nació en las aulas y laboratorios del Grupo de Investigación Fundacional de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), que presentó un anteproyecto para que los legisladores lo tomen y le den trámite.

Las universidades no tienen iniciativa legislativa directa, pero la casa de estudios formalizó la entrada del documento. Más allá de las diferencias entre ambos textos, el espíritu es el mismo: terminar con los engaños telefónicos y virtuales a través de políticas públicas permanentes de concientización y acompañamiento.

Los números que encendieron las alarmas

El diagnóstico que acompaña la presentación universitaria cita cifras oficiales de la Unidad Fiscal de Investigación de Ciberdelitos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan, creada el 26 de febrero de 2024. En su primer año de trabajo, esa fiscalía especializada registró más de 5.300 causas ingresadas.

El dato es contundente: la cifra prácticamente duplicó las estimaciones institucionales iniciales, que calculaban entre 2.700 y 2.800 casos por año. La investigación académica sumó además dos datos que retratan la vulnerabilidad social: el 75,6% de los ciudadanos considera que las medidas estatales actuales son insuficientes y el 83,2% nunca recibió una capacitación preventiva.

La propuesta del PJ: Defensa al Consumidor y pruebas resguardadas

El proyecto de López y sus pares del Bloque Justicialista apunta a crear el Programa Provincial de Prevención y Asistencia frente a Fraudes o Estafas Telefónicas y Digitales. En sus fundamentos advierte sobre la transformación de la vida cotidiana a partir de las herramientas digitales y sostiene que "las consecuencias que estos actos fraudulentos pueden causar en la vida de las personas son graves, especialmente cuando afectan los ahorros de una familia o los ingresos de alguna persona mayor".

El texto también delimita su alcance: "la estafa constituye un delito tipificado en el Código Penal. Por ello el presente proyecto no pretende instituir penas, ni intervenir en competencias propias del Estado Nacional ni del Poder Judicial. La finalidad es realizar dentro de las competencias provinciales una política permanente de prevención, educación, orientación y asistencia inicial a las víctimas".

La Autoridad de Aplicación sería la Dirección de Defensa al Consumidor del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus tareas figuran canales gratuitos de orientación y asistencia inicial, campañas periódicas de difusión y protección prioritaria para adultos mayores y grupos vulnerables.

Uno de los puntos salientes es la recomendación activa para que los ciudadanos sepan cómo resguardar la prueba digital: capturas de pantalla, comprobantes de pago, registros de llamadas y enlaces fraudulentos. Además, la norma faculta a la autoridad provincial a firmar convenios con empresas de telefonía, bancos, billeteras virtuales y proveedores de internet para reportar con rapidez los números y cuentas usados por los ciberdelincuentes.

La propuesta de la UCC: cuatro pilares para un sistema integral

El anteproyecto de la Universidad Católica de Cuyo plantea crear el Sistema Provincial de Prevención del Ciberdelito, un concepto amplio que abarca estafas, extorsiones, hackeos, robos de identidad, deepfakes y abusos sexuales online.

Los académicos no ahorran diagnósticos: "la Provincia de San Juan atraviesa una crisis silenciosa pero devastadora en materia de ciberdelincuencia, que afecta cotidianamente la integridad patrimonial, psicológica y digital de su ciudadanía". Y agregan que "la política pública predominante en la provincia es de carácter reactivo: se actúa una vez producido el daño. La prevención, cuando existe, es fragmentaria, discontinua y carece de planificación integral".

El articulado no incluye tipificaciones penales —materia de competencia federal— sino que regula áreas provinciales: política preventiva, educación, asistencia a víctimas y coordinación interinstitucional. Se apoya en cuatro ejes:

1. Alfabetización digital: un programa de cobertura universal para incorporar contenidos de ciberseguridad en todos los niveles educativos y talleres comunitarios en centros de jubilados y uniones vecinales.

2. Registro de incidentes: un centro de datos estadísticos anónimos alimentado por la Policía y la Justicia para mapear el delito en tiempo real.

3. Fondo de prevención: asignación presupuestaria garantizada para financiar equipamiento tecnológico y formación policial especializada.

4. Asistencia a víctimas: una línea telefónica gratuita con atención las 24 horas, los 365 días del año, con contención psicológica, orientación legal y auxilio inmediato para bloquear cuentas bancarias.